Vecinos de la antigua sede de Fenosa confiesan su inquietud. Otros afirman que ya se habituaron a vivir con la incertidumbre.
17 sep 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Los vecinos de la antigua y reformada sede de Unión Fenosa no hablan sobre sus viviendas. Al menos en voz alta. Esta semana una nueva sentencia del Tribunal Supremo ha dejado el edificio al borde de la demolición, al considerar que esa es la única solución para poder legalizarlo. La decisión judicial frena, una vez más, el intento del Ayuntamiento de A Coruña de solventar la denuncia por la reforma del inmueble eliminando los elementos ilegales del mismo.
Alguno de los vecinos, en voz baja, resumía ayer la situación en la que se encuentran en dos palabras: «Estamos desesperados». Después evocaba el papeleo, la hipoteca y los diversos trámites necesarios para acceder a esta vivienda, todo ello con el visto bueno de la legalidad, hasta que descubrieron que estaban en un piso ilegal en el que habían invertido todo y que ahora «tiene un valor cero». Luego aludía a la larga retahíla de recursos legales, conversaciones e intentos de legalizar las viviendas, un proceso que está a punto de cumplir dos décadas, ya que en el año 1997, cuando acababa de empezar la reforma del edificio, el arquitecto Valentín Souto presentó la primera denuncia por entender que el proyecto de Fadesa era ilegal. Cuatro años mas tarde empezó la pelea judicial.
El argumento para mantener silencio que da otro de los inquilinos del edificio es que no quieren interferir en el trabajo que están haciendo los abogados. Pero es otra de las cuestiones por las que se consideran perjudicados, puesto que los gastos de los letrados los están abonando ellos. Y suman cantidades importantes.
Otras cuestiones a las que aluden son la existencia de las hipotecas que pidieron en su día y que siguen vigentes, por lo que tienen que hacer frente a las mismas, y la imposibilidad de marcharse, ya que en el mercado inmobiliario no es posible vender estos pisos. La conclusión es: «Lo único que haces es gastar dinero y dinero», sentenciaba otro de los afectados.
Otros vecinos del inmueble, en el que residen un centenar de familias, niegan que su estado de ánimo sea el de la desesperación. Argumentan que hay problemas más graves que un cambio de vivienda y reconocen que en todos estos años «nos hemos acostumbrado a vivir con esto». Y ahora mismo «esto» es una sentencia del Tribunal Supremo que establece que solo se puede legalizar la reforma que se ha llevado a cabo en el edificio derribándolo.
«¿Qué gana el denunciante con que se tire este edificio?»
Junto a las cien familias que viven en la antigua sede de Unión Fenosa hay un buen número de locales comerciales. Uno de ellos lo ocupa el empresario Francisco Canabal que valoraba ayer la situación: «Estamos pagando por algo que no es culpa nuestra, que compramos con todos los registros en regla y no tenemos nada que ver con el problema». También apuntaba que quien concedió la licencia fue el Ayuntamiento y por lo tanto es el que tendría que indemnizar a los vecinos y a los dueños de los locales comerciales y eso «es inviable, son muchos millones».
Canabal reflexionaba que la cuestión clave en este proceso es «¿qué gana Valentín Souto con que se tire el edificio? Tiene razón en denunciar si no cumplía con la normativa y si consigue que anulen la licencia pues correcto, hace bien; pero no valoró las consecuencias de perjudicar a cien familias, muchas de ellas formadas por verdaderos ahorradores». Según Canabal, «en A Coruña hay muchos edificios en la misma situación que este».
«Yo recuerdo perfectamente el edificio de Fenosa, el aparcamiento que había en la entrada...». Lo cuenta Maricarmen Rodríguez, que lleva 24 años trabajando en la zona y evoca incluso que cuando se reformó el inmueble «nos tragamos todo el polvillo de las obras; tenían un conducto desde allí arriba (señala el techo del edificio) para bajar todos los escombros». No recuerda el tiempo que duró la reforma «pero se me hizo muy larga».
Alude a cómo se hizo «esta especie de remodelación, que en su momento se vio que era ilegal y el Ayuntamiento está ahora pagando todas las costas» y, en su opinión, «en realidad debería pagarlo quien debería de pagarlo: las personas que permitieron esto». Y enfatiza: «Que pague quien lo tiene que pagar, aunque sea con su patrimonio».
«No se puede echar a esta gente a la calle», dice sobre los vecinos antes de recordar conversaciones con uno de ellos que, en su día, le comentó que «estaba hasta las narices y quería marcharse; que hicieran lo que quisieran porque ya estaba aburrido del tema».