El gobierno local quiere casas libres de okupas antes de comprarlas

El Ejecutivo, que según un auto judicial «consintió» la okupación de la Comandancia de Obras, incluye esa condición para participar en su plan de adquisición de edificios


A Coruña / la voz

«Las viviendas estarán libres de personas arrendatarias, ocupantes o precaristas, así como se entregarán libres de enseres», dice la condición número nueve del listado de exigencias técnicas que deben cumplir los edificios que se presenten al programa de compra de inmuebles impulsado por el gobierno local, que cuenta con un presupuesto de 1,26 millones de euros este año y tiene el objetivo de ampliar el parque de vivienda pública municipal.

Esa condición, que veta la presencia de okupas en las construcciones que se oferten al Ayuntamiento, se aplica tanto a los pisos y viviendas unifamiliares como a los edificios construidos, en estado de abandono o de ruina. La única excepción, en el caso de edificios, son los bajos comerciales, que pueden estar arrendados.

Esa exclusión de los inmuebles con ocupantes en precario contrasta con la permisividad que ha mostrado el Ayuntamiento con la Comandancia de Obras, que le fue cedida por el Ministerio de Defensa y que permanece okupada desde finales del año pasado.

Es más, según un auto emitido por el Juzgado de Instrucción número 2 de A Coruña, el Ayuntamiento «consintió» la okupación del inmueble: «No existe voluntad -ya expresa, ya tácita- por parte de la Administración local, que es el que tiene la responsabilidad de su conservación y custodia, contraria a tolerar la ocupación, por lo que no cabe apreciar el delito de usurpación», afirmaba el citado auto.

El juez también recordaba en su escrito que el Ayuntamiento llegó a hacer obras en las antiguas instalaciones militares en diciembre del año pasado, con el fin de evitar riesgos a sus ocupantes ya que algunos elementos corrían riesgo de desplome, y que «pese a haberse presentado en varias ocasiones en el inmueble la Policía Local, no llevó a cabo actuación alguna por su parte que manifestara voluntad contraria a la okupación , ni encaminada a proceder al desalojo».

El veto a los okupas no es la única condición impuesta a las viviendas que se oferten. Entre otras, deberán estar al día en el pago de todas sus obligaciones y estar integradas en comunidades de propietarios cuyos gastos no excedan los 100 euros al mes.

Ventaja para edificios históricos

Además de ampliar su parque de vivienda para dedicar los inmuebles a alquileres sociales, el plan municipal de adquisición de edificios también pretende ayudar a la conservación de los inmuebles históricos. Por ello, en el concurso abierto para elegir las construcciones que se compren, tendrán más puntos aquellas que cuenten con un grado más elevado de protección patrimonial, y aquellas que estén situadas en la zona afectada por el plan de rehabilitación (Pepri) de la Ciudad Vieja y la Pescadería, donde se ubica la mayoría de las cerca de 20.000 viviendas desocupadas que existen en A Coruña. Esas condiciones supondrán, en el caso de edificios, hasta 30 de los 100 puntos del concurso.

El plazo para presentar edificios a concurso finalizó el pasado 14 de agosto. Por el momento, el gobierno local no pudo ayer facilitar datos sobre las ofertas presentadas a concurso, ya que la Concejalía de Rexeneración Urbana está abriendo aún la documentación de las mismas.

El PP critica el tono «amenazante» de las cartas enviadas a propietarios de viviendas vacías

Este verano, el gobierno local envió cartas a particulares, propietarios de segundas viviendas, instándoles a participar en el proceso de compra de edificios planteando ofertas por la venta de sus propiedades. Las misivas, enviadas por el concejal Xiao Varela, causaron polémica entre algunos receptores, ya que recordaban su obligación de mantener las propiedades en buen estado, con la posibilidad de ser sancionados si no cumplen con ella.

Desde el grupo municipal del PP, el edil Martín Fernández criticó el tono «amenazante» de las cartas, y subrayó que ese tipo de propuestas deben hacerse con «consenso y después de hablar con los ciudadanos» para que tengan una «respuesta adecuada, no haya malentendidos y la gente no se sienta coaccionada».

Fernández Prado también criticó que no se haya puesto en marcha «ni una sola política nueva de vivienda en dos años», y lamentó que el gobierno local «prefiera actuar como un promotor en vez de ayudar a la gente a que rehabiliten sus propias viviendas».

El PSOE quiere rehabilitaciones

También el portavoz del PSOE, José Manuel García, insistió en que su partido apuesta por fomentar la rehabilitación y el alquiler, donde hay un «parque enorme de viviendas» disponibles, e insistió en que la posibilidad de que el Ayuntamiento adquiera un edificio debería limitarse a inmuebles concretos que estuviesen en ruina o mal estado. También se mostró sorprendido por el envío de cartas a propietarios. Señaló que no les comunicó esa decisión, y que desconocen cuántas se mandaron.

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