El ministerio no recurrirá la sentencia que archiva el caso, pero estudia alternativas
27 jun 2017 . Actualizado a las 00:44 h.El pasado 30 de mayo el Juzgado de Instrucción número 2 de A Coruña archivó la denuncia presentada por Defensa contra la okupación del edificio de la antigua Comandancia de Obras. El juez determinó entonces que «no se ha dado la voluntad ni por parte del propietario (Defensa) ni más concretamente del obligado por ley y por el acto de cesión [la parcela se cedió al consistorio temporalmente en el 2013] de su conservación y custodia, el Ayuntamiento, contraria a tolerar la ocupación, por lo que no cabe apreciar delito de usurpación».
El ministerio, a través del ente gestor de su patrimonio, presentó la denuncia en diciembre del año pasado, un mes después de detectada la okupación del inmueble. La intención del organismo estatal es no recurrir el fallo judicial y desistir de la vía penal en su voluntad de desalojar el edificio, lo que no significa que no mantenga el mismo objetivo. Defensa está estudiando alternativas para proceder a ese desalojo, tal vez por la vía civil, aunque todavía no tiene cerrada la estrategia.
Por su parte, el Ayuntamiento, pese a tener cedida la guardia y custodia de las instalaciones, nunca inició acciones con el fin de desalojar a los okupas. En principio, indican fuentes municipales, no está previsto que se recurra el archivo de esa causa.
La situación es compleja por que en el asunto hay dos administraciones implicadas y vinculadas por un convenio, y con visiones distintas sobre la okupación del inmueble. Defensa sigue siendo la propietaria y como tal reclama el derecho de recuperar la propiedad usurpada. Sin embargo, desde el 5 de noviembre del 2013 es el Ayuntamiento quien tiene la cesión temporal de las instalaciones y a su cargo el mantenimiento, conservación y custodia. Por mucho que el ministerio quiera expulsar a los okupas, si el consistorio no toma medidas, tendrá muy difícil hacerlo. Salvo que se anule de algún modo el convenio firmado en su día y el terreno vuelva a manos de su titular.
A esa circunstancia se suma un tercer problema. Fomento pretende licitar obras de reforma del edificio por un valor cercano a los 1,5 millones de euros. Sin embargo, esa aportación, que ejecutaría el Ayuntamiento -la solicitó en su día el anterior gobierno local pero problemas administrativos retrasaron los trámites- podría quedar en el aire o incluso anularse si el consistorio no consigue recuperar el suelo para realizar las obras.
María Pita realizó actuaciones en el recinto para derruir ruinas y vallar zonas peligrosas, garantizando así la seguridad de los okupas. Con todo, a los técnicos municipales no les dejaron entrar en los últimos tiempos a realizar nuevas comprobaciones.
En la Comandancia el anterior gobierno local quería construir un centro de diseño que se quedó por el camino. No se sabe si la actual corporación tiene algún plan para los cerca de 5.000 metros cuadrados cedidos por Defensa. Desde el gobierno local reclamaron en su día al ministerio la entrega gratuita de otros terrenos, como las parcelas de la Maestranza, cercanas a la Hípica.
Desde noviembre del año pasado los okupas han organizado conciertos y actividades. En Fin de Año la Policía Local les advirtió de que carecían de permisos para realizar las fiesta que tenían anunciada. Tampoco les dejaron entrar para comprobar si finalmente se celebró o no.
Los okupas han rebautizado el lugar como Centro Social Okupado A Insumisa, empleándolo como una propiedad privada y decidiendo quién tiene derecho y quién no, según su criterio, a acceder a las instalaciones.
La ley obliga a velar por la custodia de bienes estatales y faculta para los desahaucios
El fiscal que se ocupó del caso de la Comandancia apuntó en su informe que las administraciones no necesitan recurrir a los juzgados para proceder a un desalojo de un bien okupado que sea de propiedad estatal. Es más, la legislación «concreta como prerrogativas de la administración que tenga a cargo bienes públicos par su custodia y defensa desahuciar por vía administrativa a los poseedores de los inmuebles demaniales».
Es más, según la legislación citada en el informe de la Fiscalía las administraciones no solo pueden desahuciar a okupas, sino que tienen el deber de hacerlo. «Las administraciones públicas están obligadas proteger y defender su patrimonio», cita, y concreta: «Los titulares de los órganos competentes que tengan a su cargo bienes o derechos del patrimonio del Estado están obligados a velar por su custodia y defensa. Iguales obligaciones competen a los titulares de concesiones y otros derechos sobre los bienes de dominio público».
Quién es competente
Eso es lo que dice la legislación, pero el problema en A Coruña vendrá a la hora de establecer en quién recae esa competencia de custodia. ¿Tendrá que asumirla el Ayuntamiento como concesionario o deberá hacerlo el Ministerio de Defensa como titular del suelo?
Todo apunta a que ese asunto será el centro de la disputa, llegado el caso, si toca emprender acciones para echar a los okupas, sobre todo porque el Ayuntamiento, aunque tenga la cesión, dijo desde un principio que no echaría a nadie.