El juzgado que instruye la causa de la operación Zeta abre una pieza separada sobre la autenticidad de varios certificados
25 may 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El empresario Gerardo Crespo, uno de los imputados en la operación Zeta por supuesto fraude en subvenciones para cursos de formación de autónomos, aseguró ayer que «no hay nada» ilegal en su actividad, investigada de forma preconcebida, señaló, para «buscar cosas y escoger escuchas y documentación que pueda llevar a deducir que ha habido actuación delictiva». Seis años después del inicio de la instrucción en el Juzgado Número 6 de A Coruña, Crespo se mostró «muy tranquilo», porque «está claro que no pueden sustentar una acusación», aunque instó a la jueza a que «diga ya de qué me acusa y si no que termine de una vez (...) Han roto mi empresa, han arruinado mi patrimonio y también mi prestigio social», apuntó.
La Policía Judicial sospecha que Crespo es el presunto responsable de una trama que recibió más de 20 millones de euros en subvenciones y adjudicaciones públicas para programas de formación que nunca se llevaron a cabo. Treinta personas, entre ellas, cargos públicos, están imputadas por supuestos delitos de fraude de subvenciones o estafa y malversación de caudales públicos, falsedad documental, cohecho y blanqueo de capitales.
La visita de ayer al juzgado responde a una pieza separada abierta por la jueza para esclarecer la presunta falsedad de tres certificados en los que sendos empresarios acreditan la visita a sus compañías de orientadores de la fundación de Crespo para colocar a los usuarios de los planes de inserción. Los documentos fueron aportados por Crespo después de que la Xunta revocara -«por primera vez en la historia de España», afirmó su abogado, Ramón Sierra- cinco programas integrales de empleo en los que participaba el empresario. «Tres papelitos de nada», calificó, cuya autenticidad fue verificada por los firmantes, dijo, y por él mismo delante de la jueza.