Estrategias contra el delito de odiar

Juristas y miembros de colectivos debaten el abordaje judicial de la discriminación


a coruña / la voz

La fiscala de delitos de odio de A Coruña recurrió ayer a la elocuencia de las pintadas para ilustrar la dificultad del abordaje en los juzgados de los actos que incitan al odio y la discriminación. «Escribir en una pared ‘vecino asqueroso’ puede calificarse como infracción leve, pero, discúlpenme los términos, escribir ‘puto moro vete a tu país» a lo mejor es algo importante que debe ser tratado de otra manera». María Dolores Ramírez inauguró en la facultad de Derecho de la UDC una jornada formativa en detección e intervención en casos de delitos de odio con una charla franca que mereció el agradecimiento de los expertos -«no es habitual esta sinceridad»- y en la que la jurista habló de lo mal vistas que están las denuncias tardías -«muy comprensibles cuando uno conoce la situación de las víctimas, pero poco creíbles y faltas de veracidad en el ámbito judicial», dijo-, de la «edad de piedra» informática en que viven los juzgados y que impide disponer de estadísticas reales, la falta de formación continuada de los profesionales para encarar realidades nuevas, las diligencias abiertas contra José Manuel Sande o el autobús de HazteOir.... y de su propia condición de «fiscala, mujer y joven, que lleva a algunos a recomendarme que sea enfermera o profesora de niños pequeños. Solo me falta que me lleven de la mano».

Asistía al seminario Elisángela Silfa, una estudiante de doctorado a la que habitualmente niegan la entrada en discotecas por ser negra y más de una vez fue abordada en su barrio por hombres que le ofrecieron dinero a cambio de sexo.

Llegó el turno de preguntas y Silfa preguntó qué respuesta podría dar a la persistencia de la policía en identificarla sin más motivo que el color de su piel o ante el archivo judicial de denuncias como la que presentó una amiga contra un individuo que dejó en su cuenta de YouTube comentarios «aquí irreproducibles». No hubo alivio en la respuesta. Los delitos de odio y discriminación por cuestiones de origen, identidad sexual, religión, ideología, etcétera, no encuentran acomodo fácil en la instrucción judicial. Hay víctimas que acaban naturalizando la violencia. No ayuda «la banalización del discurso del odio por parte de los políticos» a la que aludió Mikel Mazkiaran, secretario general de la Federación de Asociaciones de SOS Racismo y ponente en el seminario organizado por el grupo de A Coruña y la Oficina de Cooperación y Voluntariado de la UDC.

Tampoco hay contrapeso para el impacto del odio en las redes sociales, parapetado detrás de una maraña de responsabilidades interpuestas con más capacidad de maniobra que el juzgado mejor dotado. «Solo pedimos una IP, un nombre», remarca Mazkiaran. Una representante de Ecos do Sur defendió el acompañamiento a la víctima. «Les estamos pidiendo que denuncien en el juzgado, ¿a cambio de qué? Hay que protegerlos y acompañarlos». Su organización promueve un proyecto, Ciberespect, que moviliza a ciberactivistas voluntarios contra el discurso del odio en Internet. Entre los estudiantes, activistas y juristas, el seminario hizo acopio de estrategias para la larga carrera judicial. La primera, la prueba: una captura de pantalla, una anotación en el libro de reclamaciones de la discoteca o la inmobiliaria donde no admiten a negros, musulmanes, homosexuales, una llamada o denuncia en la policía para que conste el acto discriminatorio, evitar denuncias por injurias o calumnias (ahí no interviene el fiscal) y, sobre todo, recomendó Mazkiaran, «mucha, mucha, paciencia».

En 1992 Rosalind Williams denunció a un policía por identificarla solo por ser negra en la estación de tren de Valladolid. La Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional tumbaron el caso. En el 2009 el Comité de Derechos Humanos de la ONU le dio la razón.

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