El pasado viernes se inauguró, como sede judicial de A Coruña, el edificio de la antigua Fábrica de Tabacos. Esta apertura tenemos que remontarla al 2010. Fue posible porque en ese momento el gobierno municipal socialista decidió dedicar ese gran edificio, cuya titularidad obtuvo por una brillante gestión urbanística, a nuevas infraestructuras de la Justicia. Y, también, que una parte del inmueble permitiese al Ayuntamiento obtener espacio para dotarse de un archivo municipal apropiado al siglo en que vivimos.
Pero para llegar a esta última fase, la cesión y posterior rehabilitación, fue necesario de manera previa negociar con los propietarios del edificio y del solar, y proyectar una actuación para recuperar el entorno, abrir calles y espacios públicos, generar nuevas dotaciones… En definitiva, hacer barrio y hacer ciudad.
Quisimos, y lo logramos, conseguir varios objetivos tras el cierre inevitable y definitivo: obtener el edificio principal para patrimonio de la ciudad, abrir la zona a los vecinos con una gran plaza que combinara paseo, ocio infantil y áreas arbóreas, dotar a la zona de un aparcamiento público subterráneo, y garantizar la convivencia del suelo de uso residencial con viviendas libres con otras de protección oficial (en el suelo que obtuvimos para el Ayuntamiento). Y que a estas últimas tuvieran acceso en igualdad de condiciones todos los coruñeses. Fue un camino complejo y largo. La primera batalla fue la de luchar contra los que nos acusaban de vender la ciudad y especular con el urbanismo. El discurso victimista de siempre, de los que dicen que las cosas tienen que venir gratis, sin meditar en las singularidades de cada situación. La aprobación del convenio y de la planificación urbanística dio puntual y clara respuesta a esa crítica.
La siguiente batalla que libramos fue demostrar que el compromiso de poner viviendas a precios asequibles (entre 73.703 y 94.000 euros) en pleno centro de la ciudad no era una promesa vacía. Un ejemplar proceso que culminó con 176 viviendas de protección oficial construidas y adjudicadas en un sorteo público, abierto a toda la ciudadanía. Sin mácula alguna ni impugnación.
La siguiente lucha fue encontrar una adecuada financiación para rehabilitar el edificio y construir un archivo municipal acorde a la importancia de los fondos que la ciudad atesora. Camino tortuoso y que no llegó a buen puerto. Hubo que replantear el objetivo. Y lo hicimos pensando que era una buena opción, para la ciudad, para las arcas municipales y para los servicios a la ciudadanía. La decisión tomada, vista hoy y recordando las críticas de aquel momento, creo que fue correcta. Decisión que consistió en ceder a la Xunta el edificio central para la administración de Justicia y reservar 3.000 metros cuadrados para las necesidades del Ayuntamiento. Cesión que completó la siguiente corporación. El 31 de marzo se cierra el ciclo.
Fue y es una muestra más de la capacidad de los socialistas para hacer ciudad desde el rigor, la planificación y el compromiso con A Coruña. La lucha valió la pena.