La mayor promoción de pisos de la ciudad espera su turno en San Diego

Eduardo Eiroa Millares
E. Eiroa A CORUÑA / LA VOZ

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Hasta 5.700 viviendas se podrían levantar en los 377.000 metros cuadrados del área

12 mar 2017 . Actualizado a las 08:50 h.

La madre de todas las batallas no está en Batería ni en Calvo Sotelo. El proyecto que cambiará la fisionomía de la ciudad se encuentra en San Diego y es la gran bolsa de suelo que engloba desde la terminal ferroviaria hasta los muelles petroleros. En total, 377.000 metros cuadrados con una edificabilidad de 396.000 metros, básicamente residencial.

Eso es lo que figura en el plan general (PGOM) en vigor (2013) y lo que se acordó en el 2004 como elemento esencial para financiar las obras del nuevo puerto exterior. Varios cambios de gobierno local después y con una crisis de por medio, el plan, sobre el papel, sigue como estaba, pero mientras entonces aquello era un futuro lejano, ahora los tiempos empiezan a apremiar porque el Puerto necesita hacer caja para pagar una obra que ya es una realidad.

Toda la financiación

En San Diego, y no en los otros muelles, es donde se juega el partido de la financiación. La edificabilidad en Batería y Calvo Sotelo -solo comercial- no solucionará los problemas de caja de la Autoridad Portuaria. Ese dinero iba a salir, según el acuerdo alcanzado en el 2004 entre ese organismo público, el Ayuntamiento, la Xunta y Fomento, de la venta de viviendas, y todas las previstas se concentran en San Diego. Con esas ventas estaba previsto recaudar un mínimo de 85 millones y un máximo de 250 millones. El muelle de San Diego y el petrolero sumarían 164 como máximo y la estación de tren, hasta 86 millones.

Urbanización variable

El número de pisos a construir en esa zona varía según las distintas estimaciones. En el 2003 -antes de la firma del famoso convenio a cuatro bandas- se hablaba de unas 3.000, pero la cifra creció hasta 3.800 al año siguiente. La edificabilidad en la zona es de un metro por cada metro cuadrado, pero las necesidades financieras de Langosteira podrían elevarla al máximo legal, 1,5 metros por metro. Es decir, podrían llegar a construirse hasta 5.700 viviendas, convirtiéndose el plan en el mayor desarrollo urbanístico de la historia de la ciudad.

Seis plantas y un lago

El PGOM actual, el documento que rige los desarrollos urbanísticos de la ciudad, mantiene las ideas alumbradas hace 13 años, antes de que se intuyera la crisis, y cita como objetivo «configurar un lago artificial entre los muelles del Centenario y San Diego», además de dar continuidad al paseo desde Oza hasta la Palloza. La mayor parte de los muelles quedarían como residenciales y se permitiría un altura máxima de seis plantas por edificio, aunque «excepcionalmente se podrá aumentar esta altura hasta las 10 plantas para enfatizar los espacios principales del proyecto». Al gobierno local no le gusta el plan, pero no ha dado pasos para modificar el PGOM. Su intención es proponer algunos cambios que no ha hecho públicos a Puertos del Estado en la negociación que está llevando a cabo con ese organismo sobre el futuro de la fachada marítima.

¿Qué puede hacer María Pita?

El Ayuntamiento es el único competente para establecer cuál es la ordenación urbanística en el término municipal, y puede modificarla. Para ello tendrá que contar con los votos de otros partidos, pues carece de mayoría en el pleno. Con todo, sí está limitado por el convenio estatal del 2004. El propio PGOM lo indica para la zona de San Diego: «El desarrollo del ámbito se ajustará al convenio suscrito». Ese documento compromete al consistorio a vender suelo para pagar Langosteira, pero no especifica dónde ni cómo hay que distribuir las bolsas edificables. Eso es cosa del consistorio.

Plan especial

Desde la asociación de promotores, Aproinco, indican que hace falta desarrollar un plan especial para la zona y se reservan su opinión hasta que exista un borrador. «Ahora no sé cómo van a conciliar los distintos intereses», dice su portavoz, Juan José Yáñez. Desde la Confederación de Empresarios de A Coruña su presidente, Antonio Fontenla, pide consenso y que lo que se decida «conjugue la búsqueda del bien común y la generación de empleo y riqueza», procurando «el crecimiento económico y la cohesión social».