«Víctimas y verdugos se cruzan en unas instalaciones pésimas»

alberto mahía A CORUÑA / LA VOZ

A CORUÑA CIUDAD

CESAR QUIAN

A veces, el personal cuida a los hijos de las maltratadas mientras declaran y también hacen de psicólogos

28 dic 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de A Coruña necesita más medios, más funcionarios y unas nuevas instalaciones que impidan que víctimas y maltratadores se crucen. Porque en ocasiones coinciden «las víctimas y sus verdugos», y «eso no puede pasar de ninguna de las maneras», dicen quienes allí trabajan, que llevan años quejándose de unas deficiencias «pésimas».

Todos los días, los ocho funcionarios, una secretaria judicial y el juez se levantan para ir a trabajar sin saber durante cuántas horas. Ocho, diez, doce... Resuelven todos los años alrededor de 1.200 asuntos, tanto penales como civiles.

Los funcionarios tienen que hacer de todo. De psicólogos, cuando las víctimas, en la mayoría de los casos, aparecen destrozadas, sin saber qué hacer ni a dónde acudir. Las asesoran y les dan consuelo. O, cuando la que acude a declarar lo hace con sus hijos porque no tiene con quién dejarlos, estas mujeres se los cuidan. O se desviven por localizar a familiares que les den cobijo. No tienen ni un minuto de respiro -en esta última quincena están haciendo jornadas de diez horas-. Porque desde que una víctima entra en el juzgado «todo se vuelve urgente», pues el juez debe decretar las medidas en el mismo día. Y si hay menores, se debe decidir con quién se va el niño, si el padre lo puede ver, si este ha de llevar una pulsera telemática... Son muchos los asuntos, autos, decretos que hay que escribir y resolver, como quebrantamientos de condena, órdenes de alejamiento, encargar y recibir informes forenses...

Dicen además que, si el equipo psicosocial del Imelga fuese más numeroso, podría haber un psicólogo permanente en el juzgado para asistir a las víctimas. Y si el juez contara con más funcionarias, las víctimas recibirían mejor respuesta y apoyo.

Javier Fernández, de Alternativas na Xustiza-CUT, lamenta que la situación provoca que «as medidas provisionalísimas teñen máis de catro meses de retraso». A mayores, el número de procedimientos aumentó este año. Los civiles subieron un 30% y los penales el doble.