La pérdida de 15 millones de la UE deja en el aire planes sociales e inversiones prioritarias

El gobierno local de A Coruña contaba con 15 millones de euros procedentes de fondos europeos para alguno de sus grandes proyectos sociales y para afrontar inversiones. Sin embargo, la deficiente documentación remitida desde María Pita impidió que el Ayuntamiento lograse unas líneas de financiación que sí lograron otros, como Vigo (15 millones), Lugo (10), Santiago (10), Pontevedra (10) y municipios más pequeños, como Culleredo (3,1). A Coruña se quedó fuera después de que el gobierno local cambiase los criterios y decidiese gestionar en solitario los planes para pedir esas ayudas.

Así, el gobierno local contaba con invertir algo más de 5 millones de euros en su «plan de acceso a un hábitat digno», de los que más de 3,5 millones procederían del denominado proyecto Edusi, la nueva línea de fondos europeos. Ese dinero para la construcción de vivienda protegida desaparece ahora, mermando mucho el alcance de los planes municipales. El gobierno local o bien reduce sus proyectos o bien quita el dinero de otras partidas.

Para la mejora de la movilidad se solicitaban 1,7 millones que incluían casi 1,5 para renovar y ampliar el servicio de Bicicoruña. Para eso también se pedían unos fondos que ahora no llegan, como tampoco habrá los 2 millones previstos para la reforma de tres mercados municipales, el de Monte Alto, San Agustín y Adormideras, así como una pequeña cantidad que se solicitaba para Santa Lucía.

En cuanto a la mejora de los espacios urbanos el gobierno local deberá ahora buscar recursos alternativos para remodelar la plaza de San Pablo y el entorno del polígono de A Grela.

En el listado de planes está también la ampliación y mantenimiento de las áreas de juego infantiles en la ciudad, para la que pensaban lograr en torno a un millón de euros.

Asentamientos chabolistas

El plan de asentamientos precarios figuraba también en la solicitud a la Unión Europea, con 630.000 euros de presupuesto para la integración de los residentes de los poblados chabolistas y otros 535.000 para la inclusión laboral de ese colectivo.

La «humanización» de la Marina y el Parrote, la creación de huertos urbanos en todos los distritos o la recuperación de fuentes y lavaderos en varios núcleos tradicionales era otras de las actuaciones para las que se pedía un dinero que finalmente no llegó porque la solicitud remitida por el gobierno local no cumplía los criterios mínimos exigidos por Bruselas.

Hay, además, otros conceptos más vagos para los que se requerían fondos, aunque en los documentos no se especifica para qué sería concretamente ese dinero. Así, se pedían 382.000 euros para la «gestión del proyecto A Coruña, ciudad de derechos» y algo más de dos millones para la «gestión de inventarios para la identificación de vulnerabilidades». Aparecen otros 145.000 más para «crear la memoria del borde litoral» con «acciones para recuperar enclaves de la costa».

Todas esas actuaciones se agrupaban en distintas líneas definidas en la documentación municipal. Entre ellas destacan la de «capacitación profesional de jóvenes», el «proyecto integral de empleo dirigido a colectivos vulnerables» y la «emisiones cero» en los barrios. Los documentos aportados no fueron suficientes para justificar los criterios de reparto de los fondos comunitarios. Sí lo hizo, por ejemplo, el Ayuntamiento de Vigo con un plan de movilidad vertical que será subvencionado durante los próximos cuatro años con 15 millones.

A Coruña sí logró ayudas de la UE en años anteriores y que sí cumplían con los requisitos solicitados. Con el Urbana C se invirtieron 8 millones de euros, esencialmente en formación y en medidas de inclusión laboral. El último para el que el anterior gobierno local consiguió financiación fue el proyecto Smart City, que supuso la inversión de 11,5 millones de euros en una docena de proyectos tecnológicos ya ejecutados.

Una decisión unilateral de la Marea que excluyó a la oposición de sus planes

El debate sobre la gestión de los fondos europeos Edusi no es nuevo en María Pita. Desde la oposición, el PP ya había pedido el pasado noviembre, a poco más de un mes para que acabara el plazo de presentación de solicitudes, que no se cambiara la estrategia iniciada y se atendieran plazos y criterios para no perder las ayudas, recordaban ayer desde la formación.

El PSOE, por su parte, llevó el asunto a pleno en forma de moción en diciembre del año pasado y en abril de este año. Se aprobó entonces crear una comisión de seguimiento específica, pero esta nunca llegó a crearse ni la Marea contó con el resto de grupos para definir su estrategia.

En octubre del año pasado el gobierno local aclaraba que reconfiguraría la solicitud «de acordo coa súa propia estratexia» y consideraba «fundamental» el Edusi para acceder a financiación europea. Los cambios que se iban a hacer se correspondían, decían entonces desde María Pita, «coas novas prioridades da Unión Europea, que está pedindo ás cidades que coordinemos o traballo». La gestión recayó en la concejalía de Participación. Finalmente, los papeles no alcanzaron la puntuación mínima establecida por los técnicos de la Unión Europea.

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