Reclaman a Sada que deposite 4 millones en el juzgado por una sentencia de derribo

El gobierno local ha recurrido la medida y esgrime que debería ser el promotor quien asuma el entregar esa garantía


sada / la voz

La petición de ejecución de la sentencia de derribo de los edificios de 58 viviendas en la avenida de Sada y sus Contornos y camino de Fiunchedo, levantados por las sociedades O Meu Lar e Inversiones Cabriales y cuya licencia fue anulada, ha llevado al Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de A Coruña a reclamar al Concello de Sada que deposite más de 4 millones de euros, el equivalente al doble del presupuesto de ejecución de los inmuebles, como garantía para responder de las indemnizaciones a terceros.

Esa medida, según confirmó ayer el alcalde Benito Portela y el edil de Urbanismo Fran Montouto, ha sido recurrida por entender que no es el Concello quien debe depositarlo sino la promotora. «É desproporcionada», consideró el regidor y «excesiva», dijo el edil, que entiende que el Concello solo podría ser considerado responsable de manera subsidiaria. Hay que tener en cuenta que la garantía solicitada supone casi un 40 % del último presupuesto municipal. Portela indica que espera que, como sucedió en el procedimiento de Ánfora Azul en Meirás, finalmente el Concello no tenga que responder por esta operación inmobiliaria.

En este auto también se critica con dureza que 18 meses después del fallo, el Concello no abriese, tal como este estipulaba, un procesamiento sancionador a la promotora inicial, O Meu Lar, por la construcción de las obras no autorizadas. «Lo que comporta que la postura de la entidad local no tiene justificación alguna», recoge el auto y advierte de una multa de no llevarlo a cabo. El concejal justificó el retraso ayer en que un funcionario estaba de baja y otro cometió un error, pero que ya se había notificado a la promotora antes del auto.

La licencia para estos dos edificios colindantes, pero separados por una porción no edificable, se había solicitado en octubre del 2005, cuando gobernaba el PDSP de Rodríguez Ares en el municipio y se había concedido solo dos días más tarde. Los edificios se construyeron en un caso con una mayor edificabilidad de la permitida y en otro realizando cambios en la cubierta prevista, tras segregar los solares, aunque sin contar con licencia para ello y pese a que hubo un intento por declarar la caducidad de la licencia, que inicialmente era por tres años, pero que no se llegó a ejecutar.

La denuncia de un promotor privado fue lo que derivó en la sentencia de derribo, una cuestión que ahora afecta a terceros, ya que ya hay pisos vendidos en los dos edificios.

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