El resto de los llamados a declarar, todos en calidad de testigos y con el fin de ayudar a dilucidar si la concesión de la planta era viable, eran dos técnicos del área municipal de Medio Ambiente, dos directivos de Albada vinculados a la planta coruñesa y un exgerente de Sogama, que compareció desde Barcelona.
Los testigos rechazaron hablar con la prensa al término de las declaraciones, aunque fuentes conocedoras del caso señalaron que muchas de las respuestas prestadas por los responsables políticos se remitieron a los informes de los técnicos emitidos cuando se construyó la planta o se limitaron a señalar que no recuerdan los hechos concretos por los que se les preguntó durante su comparecencia. Incluso uno de los letrados lamentó esa circunstancia mientras esperaba entre dos de los testimonios.