El fiscal rechaza como calumnias las palabras de Crespo sobre los «after»

«¿Se puede decir cualquier cosa de la Policía Local?», preguntó la acusación


A Coruña / La Voz

Los hechos ocurrieron hace seis años y la vista oral se celebró ayer. Gerardo Crespo, entonces presidente de la asociación de vecinos del Ensanche, fue juzgado por declaraciones, aparecidas en varios medios de comunicación, en las que hablaba de la existencia de una connivencia entre la Policía Local coruñesa y los dueños de los after de la calle Pintor Joaquín Vaamonde.

El Ministerio Público pidió el sobreseimiento de la causa abierta contra Crespo. La acusación particular, ejercida por la Junta de Personal del Ayuntamiento de A Coruña, pidió dos años de cárcel, una multa de 10.800 euros y una indemnización de 30.000 euros. Y la defensa la libre absolución de Crespo, que no respondió a las preguntas de la abogada de la acusación particular.

Tanto Gerardo Crespo como una vecina del Ensanche recordaron en la vista oral que cuando había problemas con dichos after, en el verano del 2009, en cuanto llamaban por teléfono a la Policía Local en muy poco tiempo cesaba la música, antes de que los agentes llegaran al lugar para comprobar el volumen de la misma. Por ello, explicó el acusado, había aludido entonces a existencia de algún tipo de connivencia. También recordó sendos encuentros con Germán Lago, entonces responsable municipal, y Manuel Aceña, presidente de la Asociación de la Policía Local de A Coruña, en ambos casos para hablar de lo ocurrido en los after y de sus declaraciones en prensa. Tras la reunión con Aceña «lo único que hice fue escribir una carta alabando la labor de los policías locales».

Un grupo de periodistas, autores de las distintas informaciones publicadas, ratificaron el contenido y procedencia de las mismas. Por su parte, Manuel Aceña, citado como testigo por la acusación particular, recordó que la decisión de llevar las declaraciones de Crespo a la Junta de Personal se había tomado en una asamblea «casi por mayoría» y tras «la indignación» de los agentes por las reiteradas acusaciones.

En las conclusiones, el fiscal argumentó el sobreseimiento en la libertad de expresión, en la falta de persona física que sufriera las calumnias y en la falta de legitimación para la denuncia ya que, según dijo, tendría que hacerla el Ayuntamiento como responsable de la Policía Local y no lo hizo. También pidió el pago de costas para la acusación particular. La abogada de esta acusación recordó que el Ayuntamiento sí había denunciado ante la fiscalía pera esta archivó la denuncia, que las acusaciones había tenido «una dimensión real catastrófica para la Policía Local», lamentó la imposición de costas y concluyó preguntándose: «¿En este país se puede decir cualquier cosa de la Policía Local?». El juicio quedó visto para sentencia.

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