Esclavas sexuales de una red de pisos de alterne perdonan a sus «jefes»

La mujer que abrió hasta cuatro prostíbulos en la ciudad no irá a la cárcel porque las víctimas retiraron sus denuncias y no quieren indemnización


a coruña / la voz

Las diez chicas liberadas por la Policía en junio del 2010 en cuatro pisos de alterne de la ciudad estaban sujetas a una serie de normas. Tenían que estar disponibles las 24 horas del día y entregar a la casera la mitad de lo que ganaban con los servicios. Si alguien quería algo con ellas, ya fuera a las tres de la tarde como a las cuatro de la madrugada, tenían que estar dispuestas. A cambio, se les proporcionaba un catre en una habitación compartida para descansar las dos horas a las que tenían derecho en cada jornada. Si cumplían, podrían quedarse en el piso el tiempo que quisieran porque, eso sí, eran libres para irse cuando quisieran. No obstante, la Fiscalía precisó que «sus condiciones atentaban contra sus derechos como trabajadoras e incluso a los derechos inherentes a la persona». Quien imponía las reglas y mandaba en la red era una mujer que «se aprovechaba de las penurias y necesidades de las chicas para someterlas a unas lamentables condiciones laborales y de vida», según la Fiscalía. La acusada manejaba al menos cuatro viviendas de ese tipo. Estaban ubicadas en las calles Rodrigo A. de Santiago, ronda de Outeiro, alcalde Manuel Platas Varela y en un chalé unifamiliar en la rúa Miradoiro de Perillo, en Oleiros. Cada uno de esos inmuebles fue alquilado por la procesada, que casi todos los días, acompañada por su hija, los visitaba para comprobar que todo estuviese en orden. Pero como no podía estar pendiente las 24 horas de todo lo que sucedía en los pisos, de las ganancias o del comportamiento de las chicas, para eso tenía a varios hombres a sueldo. Uno en cada vivienda. Se dedicaban a llevar el control absoluto, a cobrar y a que las mujeres estuviesen dispuestas a cualquier hora del día.

Tanto la procesada, como su hija y los cuatro hombres que tenía a sueldo iban a ser juzgados ayer. La fiscalía pedía para cada uno de ellos penas de 4 años de prisión. Defendidos por Ramón Sierra, este alcanzó un acuerdo con el fiscal y la pena quedó en un año, que fue suspendida. Porque las víctimas rechazaron la indemnización de 4.000 euros que les ofrecía la acusación pública y las chicas ni se presentaron al juicio.

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