Piden que se anule una resolución del rector que revocó un concurso interno
A CORUÑA CIUDAD
Varios funcionarios denunciaron «desviación de poder» y José María Barja aceptó el recurso Los trabajadores afectados recuerdan que el TSXG confirmó la legalidad de las bases
18 may 2005 . Actualizado a las 07:00 h.Un concurso de promoción interna de la Universidade da Coruña llevó ayer a juicio, en la Sala de lo Contencioso-Administrativo número 1, a dos grupos de funcionarios. Catorce de los trabajadores que participaron en la convocatoria han demandado a otros 17 compañeros y al Rectorado por la decisión de José María Barja de aceptar el recurso de los trabajadores y anular la concesión de las plazas. El concurso lo convocó el ahora ex rector José Luis Meilán Gil en enero del 2002 para la provisión de 150 puestos vacantes. Varios funcionarios disconformes con el proceso de promoción recurrieron ante el nuevo rector, José María Barja, quien impugnó la convocatoria en septiembre del 2004. El abogado de los funcionarios que han denunciado la resolución rectoral reiteró ayer durante la vista que la decisión del rector fue «general» y que se aplicó de forma indiscriminada a todos los puestos. Asimismo, recordó que el recurso presentado en su día por la junta de personal fue desestimado y que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirmó después dicha sentencia. El letrado insistió en que el baremo del concurso no se estableció para favorecer a determinados participantes y que el propio TSXG reiteró que no hubo «desmesura ni extralimitación» en las funciones de la comisión valoradora. «Las bases del concurso eran conformes a derecho. Es imposible cuestionar su legalidad», señaló. Por su parte, tanto el abogado de la Universidad como la letrada de los trabajadores demandados aseguraron que el TSXG sólo ratificó «aspectos formales» de la adecuación a derecho de las bases del concurso. «Hay un reconocimiento implícito del vicio de desviación de poder. Las bases son sólo un acto aparentemente ajustado a la legalidad porque en el fondo persiguen un fin distinto al del servicio público», explicaron. Los abogados señalaron que la comisión de valoración adaptó el baremo para favorecer a algunos trabajadores que estaban en comisión de servicios y no respetó los criterios de mérito, capacidad e igualdad. «En la Universidad se conocen los méritos de cada trabajador. Por eso es sencillo hacer un baremo para beneficiar a determinados participantes», apuntaron.