A Barcala, la primera (y única) victoria en la comarca coruñesa

Toni Silva CAMBRE / LA VOZ

CAMBRE

El peaje de Cambre quedó definitivamente eliminado el 22 de mayo del 2006. Muchos fueron allí a celebrarlo

10 jul 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

En la tarde noche del 22 de mayo del 2006, un grupo de vecinos se concentró en el peaje de A Barcala con empanadas, vino y ganas de celebrar. Allí estaban también los alcaldes de Cambre, Culleredo y Oleiros, que veían como se cumplía una de las teimas repetidas hasta la saciedad en sus muchos años de mandato. Ese día (para ser exactos, esa medianoche) las barreras del peaje de A Barcala se levantaban para siempre.

 La medida había sido firmada por el entonces presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, y la ministra de Fomento, la también socialista Magdalena Álvarez. El convenio incluía un pack de dos peajes gallegos, ya que junto con el de A Barcala se abría también el de Rande. El documento recogía la fecha del 1 de junio del 2006 como entrada en vigor pero finalmente se optó por adelantarlo una semana. «Si no se abría teníamos pensado organizar una bien gorda», recuerda el exalcalde de Cambre, Tonecho Varela, quien rescata alguna anécdota en su lucha contra el peaje durante su largo mandato. «Al poco de llegar al gobierno, pedí una cita con la concesionaria. Me dijeron: “¿Es usted Toñito?”. Les dije que sí, Toñito, Tonecho, qué más me daba? pero cuando me vieron allí no me recibieron, pensaban que era un intruso, para ellos el alcalde seguía siendo Antonio Fernández, Toñito de Pravio? ahí empezó mi guerra con ellos». Varela, que dejó la alcaldía en el 2011, recuerda que invirtió muchas horas en este conflicto. «Mínimo unas diez o quince horas al mes durante muchísimo tiempo, pero no solo yo, mucha gente del ayuntamiento de Cambre», añade.

Pero desde el 2006, miles de vecinos comenzaron a pasar por este enlace sin la necesidad de pagar los 20 céntimos de peaje. El presidente Touriño habló entonces de «reparar una vieja herida». La liberación de los peajes de A Barcala y Rande le cuestan a la Xunta 5,4 millones de euros al año hasta el 2049.