Ocupan en Betanzos la vivienda de una mujer emigrada a Inglaterra

La propietaria, de 83 años y viuda desde el 2019, teme que hayan vendido sus muebles


Betanzos / la voz

«Compré esa casa y me la tienen arruinadita». Antonia Vázquez tiene 83 años y habla con un hilo de voz entrecortado desde Londres, adonde emigró con 21. Allí se enteró que el inmueble que compró para vivir en España sus últimos años ha sido asaltado por ocupas desde mediados de marzo, unos días antes de que se decretara el estado de alarma. La casa está en el rural de Betanzos, el lugar de Viladesuso, un punto fronterizo con Abegondo y Bergondo.

El asalto fue denunciado por alguien del entorno de Antonia a finales de marzo a través del cuartel de la Guardia Civil de Sada. La propietaria se deshace con las noticias que le trasladan los vecinos vía telefónica. «Me dicen que les han visto vaciar la casa, la tengo, o la tenía, no sé, llena de antigüedades, juegos de té carísimos, y ropa de mi marido porque le gustaba visitar Galicia», dice Antonia rompiendo a llorar. Su marido, francés de nacimiento, murió el año pasado.

También sabe que los okupas no pasan inadvertidos en el vecindario de esta casa, Viladesuso 19 y pegada a la carretera provincial en el ramal de Guísamo a Piadela. «Hacen barbacoas y fiestas, yo no quiero pensar qué habrán hecho con todas mis cosas, cómo estará esa casa que remató mi hija con maderas nobles..., estoy abatida», lamenta la mujer.

Desde que la Guardia Civil tuvo conocimiento de los hechos, las patrullas se han dejado caer por la zona con cierta asiduidad, lo que incluso ha despertado las quejas de los propios okupas, que han sido multados una vez que los agentes comprobaron que algunos de los coches que estacionan fuera están sin algún tipo de licencia, seguro o revisión.

Según constataron los agentes, en la vivienda hay una pareja, otra mujer, y varios menores. «Pero pasan muchos más, por aquí pasan al menos diez personas», dice uno de los vecinos, que insiste en no ser identificado. Elucubran con la posibilidad de que sean los mismos que hace meses ocuparon otra vivienda en el lugar de Roibeira, también en Betanzos. «Al principio se los veía arrastrados delante de la casa, fueron varios días, y un día, de repente, ya estaban dentro», afirma otro vecino, que asegura que, una vez ocupada la casa, «se les vio salir con varias furgonetas, presuntamente vaciando muebles». 

Inadmisible

Antonia tiene dos hijas, una instalada en Barcelona y otra en Richmond. Su intención es estar en Galicia antes del posible brote del coronavirus en otoño, «porque luego a lo mejor es imposible viajar». Le gustaría que la casa ya estuviese desocupada antes de llegar pero, por otro lado, teme cómo se la va a encontrar. Para ella son inadmisibles sucesos que se están repitiendo en la comarca coruñesa, con las ocupaciones de viviendas vacías. «No sé cómo las leyes lo permiten, en Inglaterra ese tipo de cosas las resuelven en muy poco tiempo», indica Antonia, quien nunca imaginó ser víctima de un delito como este después de «toda una vida de trabajo», tras emigrar a los 21 años «y luchando toda mi vida».

Junto a la vivienda violentada comienza una estrecha carretera donde se alzan numerosas viviendas. Este no es terreno de urbanizaciones sino de casas particulares. En muchas se observan placas de compañías de seguridad, supuestos servicios contratados para espantar a okupas. Los vecinos más próximos a la de Antonia viven estos meses con tensión. «Uns amigos van vir pasar as vacacións á súa casa, agora está baleira, vixío todos os días», dice uno de los residentes de Vilasuso.

«Usurpar una casa sale gratis. Ni van a la cárcel ni pagan una multa por ser insolventes»

Benito Iglesias, presidente de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), participó este jueves en un debate en Radio Voz centrado en las ocupaciones. Y cargó principalmente contra el legislador, que es el que «ha de poner todas las herramientas en manos de los jueces para acabar con una situación tan surrealista como la que estamos padeciendo».

Iglesias denunció que a día de hoy, en la inmensa mayoría de los casos, «usurpar una casa sale gratis. Ni van a la cárcel, pues es un delito que no está castigado con el ingreso en prisión, ni pagan las sanciones que les imponen, pues se declaran insolventes». El problema, según dice, es que «el Gobierno no tiene ninguna voluntad».

El presidente del sector inmobiliario en Galicia explica que el 60 % de los casos de ocupaciones se dan en viviendas propiedad de las entidades financieras.

Por su parte, el abogado Esteban Rico puntualizó que los responsables de cambiar la ley son las autoridades legislativas. Las comunidades autónomas «solo pueden ocuparse del carácter social», es decir, de las personas vulnerables que okupan una casa. Y considera «escandaloso» el retraso judicial.

También participó en el debate de Radio Voz Lidia Bouzas, vecina de Palavea, donde una familia de okupas mantiene atemorizado al barrio y, particularmente, a ella misma, a la que amenazaron con quemarle la casa. Esta residente en el barrio explica que a la vivienda usurpada llegaron en octubre del año pasado una serie de personas que «agreden, atracan y amenazan a todo el barrio». Dice que van armados y la policía no puede hacer nada.

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Entienden que pueda sonar contundente, pero las empresas inmobiliarias de Galicia están convencidas de que hay que pasar a la acción de una manera más decidida contra la ocupación de viviendas e inmuebles. Tras advertir que es un problema que ya se ha instalado en Galicia con una incidencia creciente y preocupante, los profesionales inmobiliarios de la comunidad se han unido para pedir la imposición de penas de cárcel para quienes lleven a cabo ocupaciones de propiedades, al entender que solo la vía coercitiva y penal puede frenar una práctica que estiman ha llegado con fuerza a Galicia a causa de «un efecto llamada», tanto por la levedad de las penas a las que se arriesgan quienes han hecho de la usurpación de inmuebles su medio de vida, como por la gran cantidad de viviendas vacías que señalan que existen en la comunidad. Según las estimaciones de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias en Galicia hay unas 330.000 casas y pisos sin uso en estos momentos.

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