Más de seis mil propietarios de fincas ya han sido notificados para limpiarlas

Incumplir la normativa supone multas de entre 1.000 y 10.0000 euros

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A Coruña /la voz

El plazo se acaba para los más de 6.000 vecinos coruñeses, a falta de conocer los datos finales de cada Ayuntamiento, que ya han recibido notificaciones por parte de los diferentes Concellos de la comarca para acometer la limpieza de sus fincas según la normativa establecida por la Xunta.

El Gobierno fija el último día del mes de mayo como fecha límite para acondicionar los terrenos y ampliar las franjas de protección a 50 metros en torno a núcleos urbanos y edificaciones aisladas. En líneas generales, en las denominadas fajas secundarias, no puede haber ni maleza ni árboles a menos de 15 metros de las casas. Entre los 15 y los 30 metros solo puede haber frondosas caducifolias si están separadas por al menos siete metros entre sí, y las especies de combustión rápida (pinos, eucaliptos y acacias) tan solo están autorizadas a una distancia mínima de 50 metros de la zona habitada.

Con el objetivo de que la normativa se cumpla, los diversos Concellos de la comarca emprendieron campañas de información para recordar a los residentes su obligación de acondicionar los terrenos. Cada ejecutivo establece sus propios criterios, algunos envían notificaciones a todos los propietarios de fincas, mientras que otros lo hacen solo a las afectadas por la normativa o avisan directamente a los dueños de las que presentan un mal acondicionamiento. Una circunstancia que explica la diferencia en las cifras de notificaciones de cada Ayuntamiento.

El primer Concello del área en comenzar a sensibilizar a la población sobre el problema fue el de Curtis, en donde el gobierno realizó reuniones y envío a todos los residentes un díptico informativo. Por su parte, en Bergondo remitieron un total de 2.544 notificaciones avisando de la fecha límite para proceder a la limpieza que afecta a un total de 377 fincas.

Asimismo, Arteixo repartió el pasado mes de marzo 3.000 cartas dirigidas a dueños de propiedades. Mientras que en Betanzos, el ejecutivo local procedió a notificar a más de 200 propietarios.

En A Coruña, el ejecutivo local informó de que 255 dueños de fincas fueron prevenidos de la obligación de adecuar los terrenos dentro del Plan Municipal de Prevención de Lumes. En el caso del municipio de Cambre, el departamento de urbanismo localizó 203 parcelas que considera que «presentan un serio perigo para os veciños e as súas vivendas ante o risco de incendio forestal de cara ao verán». También localizó otras 99 fincas de dueños desconocidos o sin posibilidad de contacto por lo que publicó en el BOP la información sobre las parcelas para informar a los propietarios.

Ejecución subsidiaria

Una vez terminado el plazo de la Xunta para que los vecinos efectúen la limpieza de sus propiedades, los ayuntamientos pueden proceder a incoar el correspondiente expediente y a establecer sanciones que oscilan entre los 1.000 y los 10.000 euros.

En el caso de que los dueños continúen sin asumir la responsabilidad de acondicionar los terrenos, los concellos podrán proceder a la ejecución subsidiaria de los trabajos repercutiendo los gastos correspondientes a los propietarios. En el caso de que las labores puedan efectuarse con maquinaria el coste será de aproximadamente 11 céntimos por metro cuadrado, mientras que si es necesario realizar la limpieza de forma manual, el coste asciende a unos 45 céntimos por metro cuadrado.

Medio Rural establece qué tarea corresponde a cada Administración

Para garantizar el cumplimiento de la normativa, Medio Rural especificó a principios del mes de mayo las competencias de los ayuntamientos y de la Xunta al respecto de la gestión de la biomasa vegetal y retirada de árboles «ilegales». En este sentido, corresponde a los ejecutivos locales la competencia de vigilar e imponer el cumplimiento forzoso de la legislación. Por su parte, en el caso de sanciones, las competencias entre Xunta y concellos para incoar, instruir y resolver los procedimientos se reparten del mismo modo. Sin embargo, a la hora de realizar una ejecución forzosa por el incumplimiento en suelo rústico, la competencia sobre la ejecución forzosa corresponde a los ayuntamientos, mientras que la sancionadora, a la Administración autonómica.

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