Calvelo defiende la subrogación de empleados de la recogida de basura

Caterina Devesa ARTEIXO / LA VOZ

ARTEIXO

MARCOS MÍGUEZ

Ante la denuncia de la Fiscalía por indicios de prevaricación , el alcalde de Arteixo reitera su decisión

19 oct 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

La Fiscalía presentó una demanda el miércoles en el Juzgado de Guardia solicitando que se investigue por indicios de prevaricación la subrogación de empleados del servicio de recogida de basuras del Consorcio para realizar la prestación en Arteixo, tras su salida de la entidad.

Ante la denuncia, el alcalde, Carlos Calvelo, manifiesta que «no entendemos que esto derive en prevaricación. Eso implica que se hace algo mal a sabiendas de que va en contra de la ley y en este caso se ha tomado una decisión con un documento técnico que la avala». El Ministerio Público abrió en septiembre diligencias tras recibir el informe de la interventora municipal alertando de la situación. Calvelo afirma que a pesar del reparo de intervención se aprobó la subrogación «justificadamente». El alcalde indica que en el asunto «confluyen dos normativas, por lo que entendemos que es una cuestión que se debe debatir, pero de forma administrativa y no judicialmente». El regidor explica que «por un lado está la ley Montoro, que impide el incremento de la plantilla de personal municipal y que hace un daño brutal a los ayuntamientos, y por otro lado está el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores donde hay una directriz europea del 2001 que obliga a España a proteger a los empleados y esta normativa está por encima».

Calvelo argumentará la decisión ante los juzgados y resalta que «cinco de los once trabajadores subrogados ya eran funcionarios de Arteixo y se les aplicó una cláusula de retorno». Además, el regidor dice que «la propia cláusula de salida del Consorcio impone la subrogación». Ante la denuncia, manifiesta que «es probable que el Ministerio Público solo conozca el informe de la interventora. Nosotros aportaremos toda la documentación necesaria». Asimismo, mantiene que actuó en defensa de los trabajadores e indica que en caso de despido «se nos pedía una indemnización de 750.000 euros». Calvelo comenta que «estamos viendo que privatizar un servicio y dárselo a una empresa es facilísimo, pero el proceso inverso se encuentra con trabas». Aun así reitera: «Creemos en la municipalización y no en la gestión privada y así lo defendemos».

El BNG pide responsabilidades

Los nacionalistas consideran «mentira» que el Concello subrogara a los empleados para «garantir os postos», e instan a Calvelo a asumir responsabilidades.