La Diputación rechaza entrar en el pacto del puerto y el Ayuntamiento lo deja en el aire

Ferreiro exige un pacto para todo el borde litoral y Formoso explica que no tiene competencias


A Coruña / La Voz

Ni el Ayuntamiento ni la Diputación de A Coruña aceptan por ahora la posibilidad de sumarse al acuerdo entre la Xunta y Fomento para gestionar los muelles de Batería y Calvo Sotelo cuando, el año que viene, queden liberados de sus usos portuarios.

El acuerdo prevé que la Xunta pague hasta 20 millones de euros para hacerse con el 51 % del suelo de esos muelles, con la finalidad de evitar que salgan a subasta y garantizar que continúen en manos públicas en el futuro.

El convenio también incluye que otras Administraciones territoriales, el Ayuntamiento y la Diputación, puedan adquirir hasta el 49 % del terreno restante. Si fuese así, el prevé la creación de una empresa pública para gestionar y explotar los muelles. Pero por el momento la oferta no apasiona a ninguna de las dos Administraciones. El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, recordó las palabras de Feijoo para explicar que no fue invitado a la firma del acuerdo, cuando señaló que no tiene competencias en materia portuaria. Y las hizo suyas: «La Diputación tampoco tiene competencias en el dominio público portuario y, por lo tanto, no es una propuesta donde encaje su presencia».

Sin descartarlo de forma tan clara, también dejó entrever que no acudirá al Foro Tecendo Litoral, que organiza el Ayuntamiento con el fin de estudiar el futuro de los muelles, diciendo que su presencia allí «no es esencial» al carecer de esas competencias.

Cuando habló, el presidente de la Diputación no había recibido una copia del convenio Xunta-Fomento. Preguntado sobre si en el futuro estaría dispuesto a estudiar que la Diputación comprase parte de los terrenos de los muelles, no cerró del todo la puerta, sino que apostó por «priorizar» los frentes en los que la Diputación tiene competencias y recordó otros acuerdos con la Xunta que no se han cumplido. También insistió en que los firmantes del acuerdo deben «ser cuidadosos» para «no cometer errores» en una zona tan sensible como la fachada litoral.

El alcalde, Xulio Ferreiro, tampoco había recibido el convenio cuando compareció ante la prensa, y declinó valorar una invitación que aún no le ha llegado. Sin embargo, se mostró muy crítico con la Xunta. Reclamó la anulación de los convenios del 2004, que prevén financiar la deuda causada por la construcción del puerto exterior con la urbanización de los muelles interiores, y reclamó un plan conjunto para todo el borde litoral de la ciudad.

«Tiveron que rectificar»

Ferreiro advirtió que el Ayuntamiento hará «todo o necesario» para defender el patrimonio de la ciudad, y llamó a mantener la «unidad» frente a las Administraciones del PP. El regidor recordó que antes del anuncio del acuerdo el consejo de la Autoridad Portuaria había votado a favor de sacar a subasta pública los terrenos del Puerto, una decisión que han tenido que «rectificar».

El alcalde no detalló si el Ayuntamiento está dispuesto a comprar terrenos en los muelles de Batería y Calvo Sotelo. Cabe recordar que en su momento se ofreció a adquirir La Solana -que según el convenio ahora quedará en manos de la Autoridad Portuaria- y el hotel Finisterre, que de acuerdo a ese documento será subastado antes de que finalice el 2019, como estaba previsto, con el objetivo de recaudar fondos para pagar la obra de punta Langosteira.

El gobierno denuncia deslealtad institucional y el PP le invita a colaborar en el proyecto

Tanto Xulio Ferreiro como Valentín González Formoso criticaron que no se invitase a otras instituciones a la firma del acuerdo sobre los muelles. El presidente de la Diputación mostró su «sorpresa por las formas ante un asunto de tanto calado», mientras que el alcalde denunció «deslealdade institucional». Sus palabras fueron respaldadas por Anova, que reiteró sus acusaciones de que la firma del convenio es un acto de «precampaña electoral» para las elecciones municipales.

Quejas del PSOE

Por su parte, el socialista José Manuel Dapena tachó lo ocurrido de «auténtica falta de respeto institucional», y lamentó que la Xunta y el Gobierno intenten tratar a la ciudad «como una colonia de Madrid o de Santiago».

Mientras, la portavoz municipal del PP, Rosa Gallego, destacó el «compromiso» de Feijoo con la ciudad por haber cogido «el testigo de lo acordado por el pleno municipal [que le instó a negociar para garantizar la titularidad pública de los muelles] y alcanzó un compromiso escrito de que esos terrenos serán de todos los coruñeses». Gallego animó a alcalde, Xulio Ferreiro, a participar en la definición «entre todos» del futuro de esa zona.

El convenio da facilidades al sector público para invertir en terrenos en San Diego

El convenio firmado entre la Xunta, Puertos del Estado, la Autoridad Portuaria y el Ministerio de Fomento incluye una cláusula que facilitará que las Administraciones públicas compren terreno en el muelle de San Diego cuando deje de tener uso portuario.

En San Diego, que tiene una superficie de casi 395.000 metros cuadrados, el plan general prevé la construcción de hasta 5.700 viviendas, además de equipamientos, zonas verdes y otros servicios. Según ese proyecto, el muelle se convertiría en el mayor desarrollo urbanístico de la ciudad.

Esos planes, con los que se pensaban financiar entre 85 y 250 millones para las obras del puerto exterior, están ahora en entredicho. Todos los grupos admiten que esas previsiones, realizadas en los años anteriores a la crisis, deberían ser ajustadas, pero tanto el BNG como la Marea se han opuesto en varias ocasiones a cualquier tipo de construcción residencial en esos espacios.

Los demás partidos se muestran más prudentes, y también diversos expertos consultados durante los últimos meses por La Voz de Galicia, que entienden que deben conjugarse otros usos con la construcción de vivienda. Es el caso del ingeniero de Caminos y profesor de Urbanística Carlos Nárdiz, que ha señalado que el desarrollo de los muelles debe plantearse a partir de la terna sobre la que se construyen las ciudades: «Viviendas, equipamientos y espacios libres».

La citada cláusula del convenio obliga a la Autoridad Portuaria a tramitar las solicitudes de las Administraciones u organismos públicos que, antes de la desafectación de los muelles, quieran adquirir parte de los terrenos mediante un proceso de compra.

La Xunta podría comprar allí si su inversión de 20 millones en Batería y Calvo Sotelo, sumada a la venta del hotel Finisterre, no fuese suficiente para que la Autoridad Portuaria ingrese los 30 millones que necesitará el año que viene para hacer frente a los cargos de la deuda de Langosteira.

Pero a través de esa cláusula, el convenio posibilita que sean otros organismos públicos los que inviertan en San Diego, lo que evitaría que la titularidad de la zona pasase a manos privadas.

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