Absuelven a Santiso y condenan al anterior alcalde de Abegondo por un delito continuado contra la ordenación del territorio

La Fiscalía los vinculaba con un delito continuado de prevaricación por licencias de obra y segregación de parcelas en Abegondo, Crendes, Cos y Limiñón


Tal como se había anunciado hoy se dio a conocer la sentencia de un juicio contra diez acusados, entre los que está el actual alcalde y el anterior Abegondo, junto a cinco exediles y tres arquitectos, a los que la Fiscalía vinculaba con un delito continuado de prevaricación por licencias de obra, así como segregación de parcelas del 2001-2002 y 2004-2005 en las parroquias de Abegondo, Crendes, Cos y Limiñón. El fallo absuelve al alcalde, José Antonio Santiso Miramontes, y al resto de ediles, a excepción del anterior regidor, Juan José Rocha, que junto a los tres técnicos ha sido condenado por un delito continuado de ordenación del territorio.

A Rocha y el arquitecto Manuel Cortón, que trabajara para el consistorio, se les condena a una inhabilitación especial para el ejercicio de todo cargo o empleo público relacionado con la construcción por 8 años y multa de 6.600 euros.

Para Antonio Carro Núñez, arquitecto que en el juicio reconoció que validó las parcelaciones cuestionadas y su estudio realizó los proyectos de algunas viviendas en esas fincas, la pena de inhabilitación es de 10 años y también fue condenado a dos años de cárcel. Asimismo, se le ordena derribar su vivienda, que es una cuya licencia estaba en entredicho.

Por su parte, la arquitecta Cristina Ballón ha sido condenada a inhabilitación por 7 años y seis meses y una multa de 2.700 euros.

Frente a los que pedían los vecinos afectados por este caso, el fallo declara la ilegalidad de todas las licencias investigadas en este procedimiento, remitiendo a la jurisdicción contenciosa previa audiencia a los propietarios la decisión respecto al derribo de las mismas o la reposición a la legalidad, salvo las que ya están siendo objeto de tramitación.

La fiscala -que mantuvo tras dos jornadas de juicio su petición de inhabilitación por diez años y dos años de cárcel para Santiso, Rocha y otros tres acusados- consideró que el caso podría resumirse como «pelotazo urbanístico» o «trama de corrupción», pese a que las defensas sostuvieron en todo momento la petición de absolución, cuestionaron que se juzgase por la vía penal y también que solicitase que se restituyese al estado original los terrenos, cuando se demostró que habría un buen número de familias afectadas que son terceros que en su día adquirieron parcelas y construyeron con una licencia que les dio el Concello, pero que no participaron en el proceso que se cuestionaba judicialmente.

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