«Tirar nuestras casas sería deshacer nuestras vidas y nuestras familias»

El fallo del juicio de Santiso preocupa a los vecinos de las licencias cuestionadas

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Abegondo / la voz

Preocupación, desvelo y la sensación de ser las víctimas de un proceso en el que no son parte es lo que transmiten los vecinos de Abegondo, Cos, Crendes y Limiñón con propiedades y viviendas cuyas licencias fueron la base del juicio que a finales de junio se siguió contra el alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso, su predecesor en el cargo, Juan José Rocha, tres arquitectos que trabajaron para el consistorio y cinco exconcejales, que están acusados de un delito continuado de prevaricación urbanística. El viernes de la próxima semana se dará a conocer la sentencia y los vecinos cuestionan que más allá de las penas de cárcel, inhabilitación o multa que se solicita para los diez acusados, desde Fiscalía se haya pedido la demolición de las viviendas que se construyeron con licencias que han sido cuestionadas por la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística.

«Tirar nuestras casas sería deshacer nuestras vidas y nuestras familias», explica una de las vecinas de A Fraga, en Limiñón, una urbanización que está en el punto de mira por haberse levantado, al menos, 25 viviendas en suelo catalogado como rústico o no urbanizable. Consultas a bufetes de abogados y peticiones de información al Concello de Abegondo por el estado de las viviendas se han sucedido en los últimos meses, con la cercanía del juicio, aunque los vecinos insisten en recordar que ellos construyeron siguiendo todos los tramites administrativos preceptivos. «Nuestras viviendas no son ilegales», remarca otro de los afectados, sintiéndose molesto con que se señalen sus casas como irregulares pese a que cuentan con todas las autorizaciones, pagan los correspondientes impuestos por ellas y en su día no fueron los promotores de una operación urbanística que para el Ministerio Fiscal fue una «trama de corrupción y pelotazo urbanístico», en la que se señaló como responsables a técnicos y políticos. Aunque se consideran afectados, los vecinos intentan no ser señalados en una causa de la que intentan desvincularse. «Es como si vas por la calle y te roban, nosotros hemos pagado todo y somos damnificados», explica un residente en Limiñón, que insiste en remarcar que son familias que luchan por mantener la vivienda en la que residen y sobre la que habían planeado su futuro. «Nuestra casa está en juego, es como si fuera una estafa», apostilla otro de los vecinos.

«El daño ya está hecho», remarca otra de las afectadas, puntualizando que el proceso judicial ya ha tenido como daño colateral una depreciación de sus propiedades. «Llevo quince años en la casa, de la primera tasación a la realizada el año pasado el valor ha caído un 10 %», explica un vecino corroborando este hecho.

Los afectados, algunos llamados como testigos en el juicio aunque finalmente solo declararon dos, dicen que la falta de información y la incertidumbre sobre el alcance de la sentencia les quita el sueño y reclaman que su posición se tenga en cuenta. 

Un escrito de acusación que pide que se restituyan los terrenos a su estado primitivo

La fiscala mantuvo sin variar su petición de condena para los diez acusados tras el juicio oral y también que se declare «la nulidad de las licencias concedidas en relación con las construcciones a que se refieren los expedientes que han venido siendo mencionados y que, en su día, fueron objeto de tramitación por el Servicio Provincial de Urbanismo e Inspección Territorio de A Coruña». En su escrito de acusación se recoge además que «procede la demolición de todo lo construido en virtud de los actos antes relatados, llevando a término cuantas actuaciones resulten necesaria para devolver los terrenos a su primitivo estado». El Ministerio Público también señala a los diez acusados como los que deberán responder «de forma directa y solidaria, del coste que las demoliciones de las obras que por su intervención hubieran podido llevarse a cabo y de cuantos perjuicios pudieran acreditarse por la restitución a su primitivo estado de los terrenos».

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