La Fiscalía tilda de corrupción y «pelotazo urbanístico» el caso por el que está acusado el alcalde de Abegondo
ABEGONDO
Las defensas de los 10 imputados critican la tramitación penal
30 jun 2018 . Actualizado a las 05:00 h.«Suerte en los futuros escalones», deseó ayer el juez de Penal 2 de A Coruña, José Antonio Vázquez Taín, tras anunciar que quedaba visto para sentencia, a los once años de iniciarse el proceso, el caso en el que están acusados de un delito continuado de prevaricación urbanística el alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso, su predecesor en el cargo, Juan José Rocha, cinco exediles y tres arquitectos que trabajaron en el consistorio abegondés. La sentencia se conocerá el día 20 y con sus palabras Taín parece avanzar que estima que llegará a otras instancias.
En el apartado de conclusiones, la fiscala -que mantuvo su petición de inhabilitación por diez años y dos años de cárcel para Santiso, Rocha y otros tres acusados- indicó que los hechos que se enjuiciaban se pueden calificar de «pelotazo urbanístico» o «trama de corrupción». Mientras, las defensas coincidieron en solicitar la absolución para los acusados y en incidir que la jurisdicción donde se debería dirimir es la Contencioso-Administrativa, que no quedó demostrado intención de dolo en sus acciones, ni ánimo de lucro y llegaron a cuestionar la redacción de informes jurídicos desfavorables a la aprobación de algunas de las licencia cuestionadas.
Algunos de estos letrados también cuestionaron la petición de la Fiscalía de que se derribe lo construido de manera irregular por considerar que no se mantiene un criterio de proporcionalidad y dañaría a terceros que obraron de buena fe. Se referían al más de un centenar de vecinos de las parroquias de Abegondo, Crendes, Cos y Limiñón que viven preocupados por el desenlace del caso.
«Delincuencia y desidia»
La fiscala sustentó su acusación en lo declarado minutos antes por técnicos de la Axencia da Legalidade Urbanística, que cuestionaran con informes las parcelaciones realizadas en suelo rústico entre 1999 y finales del 2002 y que declararon que era «patente la ilegalidad» de querer mantener la vigencia de las licencias urbanísticas mediante reformados de proyectos. Uno de los técnicos, Juan Carlos Prado del Valle, vinculó estos hechos con la «delincuencia y la desidia urbanística» que se dio en toda Galicia, pero especificó que en Abegondo «fue una situación masiva con advertencias por dentro y por fuera de todo tipo». La fiscala también recordó que la que fuera secretaria municipal Cristina Alonso, relató que «quedó asustada al llegar [al Concello] por una actuación programada y organizada». También consideró probado que otro de los acusados, Antonio Carro Núñez, validó, en su etapa de técnico municipal, los expedientes que hacían personal que tenía contratado en su estudio de arquitectura. Responsabilizó a los acusados de que «lo que era un monte ha resultado una urbanizacioncita de chalecitos» y reconoció que no profundizó en conocer a los promotores aunque dijo que «el monte lo compraron tres concejales y lo comenzaron a parcelar».
El abogado de Santiso, que representaba también a tres exediles que respaldaron en su día varias licencias, incidió en la disparidad de criterios técnicos sobre la normativa urbanística, insistió que con la actual normativa esas actuaciones serían legalizables, reconoció que «la pena de banquillo está conseguida» y dijo de la anterior secretaria que tenía «ánimo de venganza». También la acusó de tener «inquina personal» y «preconstituir prueba» la letrada de Rocha y el del arquitecto Manuel Cortón de no informar de sus actuaciones. El letrado de Carro Núñez defendió la legalidad de las segregaciones. Por su parte, el de Cristina Ballón, que fuera arquitecta municipal, cuestionó «un procesamiento que ha durado más que el caso Gürtel» y dijo que «su única culpa es la de haber sido pardilla».