«De que me vai valer a min unha sentenza se me tiran a casa»

Preocupación entre los afectados por las licencias consideradas irregulares en varios puntos de Abegondo


abegondo / la voz

Hoy arranca en A Coruña un juicio que ha mantenido en vilo a varias parroquias de Abegondo en los últimos años, ya que se cuestiona la legalidad de viviendas particulares construidas o reformadas gracias a más de 80 licencias que se dieron en el período 2001-2002 y en el 2004-2005. En el escrito de acusación de la Fiscalía, en el que se acusa a miembros de varias corporaciones y técnicos, se pide declarar la nulidad de las licencias concedidas y la demolición de todo lo erigido para restituir los terrenos a su estado primitivo. En medio, los vecinos afectados, algunos que irán a declarar hoy al juzgado defendiendo la validez de sus licencias, más cuando dos de las viviendas incluidas en este caso ya han recibido orden de demolición y temen que pueda alcanzar a todas.

«Hice mi casa como cualquier vecino, la licencia era legal, yo he hecho todo lo que me han mandado, pero preocupación tienes, no es plato de gusto», explica una de las vecinas citadas como testigo por el Ministerio Público. «Nos hemos quedado a cuadrados, nosotros ni cortamos ni pinchamos, pero somos los sacrificados», explica una mujer que reconoce que continúa sorprendida del alcance de las consecuencias que podría tener su caso.

«Sin cargas»

También se muestran preocupados Juan García Camino y Andrea López de Figueredo, que compraron en A Fraga, en Limiñón, en donde la Fiscalía cuestiona el incumplimiento de la prohibición de parcelación en suelo rústico, pese a que su vivienda estiman que no está incluida dentro de la zona cuestionada. «Cuando compramos la casa comprobamos la autorización de las obras y si tuviera cargas no se hubiera podido vender», explica Juan. Eligieron ese lugar de residencia en un momento en el que el Concello se publicitaba como «Abegondo Xove y animaba a que vinieras a edificar aquí», recuerda Andrea, que asegura que buscaban un buen espacio donde criar a su niño y que además les quedara próximo a la familia.

«O problema témolo os afectados sen comelo e sen bebelo estamos metidos en problemas», comenta otra residente de esta urbanización poblada de viviendas unifamiliares y donde el único camino asfaltado es el acceso principal desde Montellos, el resto son pistas dañadas por el paso de turismos, que tampoco disponen ni de agua ni de alcantarillado.

«Construímos en el 2002, compramos a parcela, puxemos o anuncio para ver se alguén poñía trabas, tamén o expuxemos no taboleiro do Concello e ninguén manifestou ningún problema, pero a partir de 2007 todo foi díxome díxome», explica esta vecina sobre los rumores que solo hacen avivar su ansiedad. «Quen che di que podes edificar é o Concello, e se pasas todos os trámites, que sabes ti?», se pregunta esta vecina de A Fraga. «De que me vai valer a min unha sentenza se me tiran a casa?», explica preocupada porque, reconoce, «teño a miña vida e os meus fillos aquí».

Miedo a «sentencias modelo»

«Se o fas de xeito ilegal xa estás asumindo riscos, pero facemos as cousas como se teñen que facer e só o Concello che pode dicir se a túa parcela é edificable», dice esta residente que teme lo que califica de «sentencias modelo» acompañadas de piqueta. «Espero que o xuíz teña cabeza e vexa quen somos os que estamos abaixo e que se fixo ben, non nos poden deixar cunha man diante e outra detrás», afirma.

Otra de las vecinas en este núcleo y que también está citada hoy a declarar se muestra menos preocupada. «Eu teño licenza e non teño por que ter medo de nada, non creo que nos tiren as casas», apostilla. «Dixéronme que era edificable, verificáronme cada paso da obra, se fixera a casiña sen papeis tremería, pero non foi así», resalta y explica la situación que comparte con muchos vecinos: «Isto é a nosa vida, metemos todo o que tiñamos na casa».

Alcalde, exalcalde, tres arquitectos y cinco ediles se sientan en el banquillo

La causa llega hoy a juicio en A Coruña. En el banquillo de los acusados se sientan el actual alcalde, José Antonio Santiso; el anterior, Juan José Rocha, así como cinco ediles que respaldaron, en su día, las licencias y una arquitecta y dos arquitectos técnicos del Concello de Abegondo, a los que se acusa de un delito continuado de prevaricación urbanística. La Fiscalía pide para los Santiso, Rocha y dos de sus compañeros en la corporación inhabilitación por 10 años y dos años de cárcel. Para los arquitectos solicitan penas de entre 10 y 7 años de inhabilitación y 24 y 18 meses de cárcel y en uno de los casos multa. Para los otros tres solicita períodos de inhabilitación que van desde los 9 a los 7 años, además 18 meses de cárcel y, en un caso, no se pide pena de prisión, pero sí multa.

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