Un año después del crimen machista de Maritza, el caso sigue pendiente de juicio

Una bandera del Deportivo cuelga de la ventana del último piso del inmueble donde hace un año mataron a Maritza. En estos 12 meses de ausencia, además del ascenso del equipo de fútbol, el vecindario ha vivido más cambios. La cafetería colombiana El maná en la esquina a la que iba a veces a tomar café ahora tiene otro nombre y en la calle San Isidoro la vida sigue transcurriendo. Los vecinos de su edificio prefieren no hablar. Maritza Helen Flores Villanueva, de 49 años, fue asesinada en la madrugada del domingo 16 de junio del 2025. Recibió «decenas de puñaladas», informó aquel día la Subdelegación del Gobierno. Maritza y su presunto agresor se habían casado hacía un mes. El buzón del portal estaba al nombre de él, Francisco Rossel, de 61 años. Como Maritza, ambos eran de origen peruano, aunque el presunto asesino tenía la nacionalidad española. A Rossel lo detuvieron los agentes de la Policía Nacional en el propio piso, junto al cadáver. Él mismo llamó a una persona cercana a la que le confesó la muerte. Fue esta la que dio la alerta a urgencias aquel domingo a las 07.00 horas.

Al día siguiente, en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, en Tabacos, el juez dictó su envío a prisión sin fianza, investigado por asesinato y quebrantamiento de medidas de alejamiento. Después de pasar la noche en los calabozos, optó por no declarar. «Lo normal es que el juicio se celebre en un año, antes de que transcurran dos años del asesinato, para no tener que prorrogar la prisión provisional», explica el abogado penalista José Ramón Sierra. Eso sí, reconoce que la instrucción en estos casos suele demorarse «porque el juzgado está saturado», apostilla.

En el programa VioGén

Cuando la mataron, Maritza figuraba en el programa VioGén, el sistema de protección integral de las víctimas de violencia de género. Contra el presunto agresor constaba una denuncia previa, pero no interpuesta por ella, sino presentada de oficio, dentro del Protocolo Cero. Es el que se activa para actuar de oficio cuando la víctima no se decide a denunciar en un contexto de espiral de violencia de género. Sobre el detenido pesaba, por tanto, una orden de alejamiento, pendiente de ejecución, respecto a la víctima. Constaba otra agresión anterior, en septiembre del 2024.

Según fuentes cercanas, la intención de ella era terminar con la relación. El mismo día en el que la mataron, Maritza estaba contenta. Iba a recibir a uno de sus cinco hijos, el mayor, Sammer Olazábal Flores, de 29 años, que volaba a España desde Perú. Sammer recibió la mala noticia nada más bajar del avión aquel domingo en Madrid. La Asociación Comunidad Peruana en Galicia fue a recibirlo al día siguiente a Alvedro, para arroparlo y mostrarle su apoyo. El artículo 23 del Código Penal establece penas de hasta 25 años por asesinatos como este. «Tendría el agravante de parentesco. Esto es lo que en el pasadao se conocía como un conyugicidio», cuenta Sierra.

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