Condenada una inquilina de A Coruña a abandonar la vivienda por la que no paga desde hace 5 años
A CORUÑA
Pilar Pérez Peal ganó el juicio contra su inquilina, que le tendrá que abonar los más de 22.000 euros que debe de alquiler
08 may 2025 . Actualizado a las 13:20 h.«Me siento feliz y cansada a la vez», dice Pilar Pérez Peal tras conocer la sentencia que condena a la inquilina del piso que tiene en la calle Eusebio da Guarda, en Os Mallos de A Coruña, a abandonar la vivienda por la Pilar dejó de percibir el alquiler en el 2020. «Fue una larga lucha hasta conseguir hacer justicia», dice la eumesa, que presentó la demanda por impagos al poco de dejar de recibir la renta mensual de 370 euros. Sin embargo, la entrada en del Real Decreto-Ley 11/2020, que impide los desahucios a personas vulnerables, paralizó el desalojo de su «inquiokupa», como Pilar la llama, ya que fue declarada bajo esta condición.
El fallo del juicio, celebrado este lunes en el Juzgado de Primera Instancia número 4, estima la demanda presentada por Pilar, de forma que resuelve el contrato de arrendamiento y condena a la demandada «a que abandone y deje libre dicha vivienda a disposición de la demandante». Además, le impone que pague la cantidad que debe por los impagos, que en la actualidad asciende a más de 22.000 euros. La sentencia, emitida por el juez decano Luis Pérez Merino, recoge que la inquilina alegó «causa de fuerza mayor derivada de su situación de exclusión social: sin empleo estable, sin ingresos regulares, habiendo agotado sus prestaciones por desempleo y sin percibir pensión alimenticia para su hija menor por parte del padre». Según su declaración, su única fuente de ingresos es la renta de inclusión social de la Xunta. Sin embargo, el magistrado recuerda que dicha situación de vulnerabilidad «fue valorada y tramitada en su momento», lo que motivó la suspensión del procedimiento de desahucio desde el 23 de marzo del 2021.
Desde esa fecha, la propietaria intentó en varias ocasiones que su caso fuese revisado, alegando que la situación de la inquilina había cambiado. Finalmente, de la mano de Xaime da Pena, director de dP Abogados, Pilar logró reabrir el procedimiento. En el juicio fue clave un informe de Servicios Sociales en el que se acredita que la arrendataria rechazó varias alternativas habitacionales. «Esta sentencia se ha obtenido debido a que hemos logrado demostrar que la demandada sí que tenía posibilidades de obtener una alternativa donde vivir, pero era ella quien forzaba su situación de vulnerabilidad al rechazar las opciones que le ofrecían los Servicios Sociales», indica Da Pena.
«Espero que esto sirva a otros»
El abogado añade que «conseguir esta sentencia se puede considerar un hecho histórico, supone un hito en la Justicia de nuestro país, ya que quizá marque las pautas para un gran número de procedimientos de esta naturaleza, en marcha o futuros».
Pilar también espera que su caso sirva de referente «para muchos propietarios que están pasando por la misma situación que yo» .«No es justo que tengamos que ejercer de escudo social de una persona a la que le dan alternativas y las rechaza para seguir en una propiedad que no es la suya», dice la mujer, que se muestra muy agradecida. «Por fin hay justicia tras cinco años de lucha, de sufrimiento de pérdidas económicas y de salud que jamás voy a recuperar», dice Pilar, que es miembro de Aprovij, primera asociación de propietarios de viviendas contra la inseguridad jurídica.
Fue el marido de Pilar, ya fallecido, el que alquiló el piso a una mujer con su hija en el 2019. «Le dio pena verla sola con su niña y se lo dejó a un precio bajo», explicó Pilar a La Voz el pasado año. Ahora espera acceder pronto a su vivienda. «El lanzamiento judicial podría tardar dos meses», explica su abogado.