Concello y Xunta se hacen cargo de los niños de la casa okupa de ronda de Nelle, en A Coruña

Había niños en el edificio okupa de la ronda de Nelle y a día de hoy no queda ninguno. Cuando se supo que ahí vivían menores en condiciones de insalubridad —el inmueble carece de agua y la basura se acumula en patios y escaleras—, la prioridad de la concejalía de Servicios Sociais fue la de sacar de allí a los pequeños. La Policía Local identificó durante semanas a todos los residentes y cuando se tuvo constancia de que existían familias con niños pequeños, se les facilitaron alternativas. Por su parte, la Xunta, que es la que tiene competencia sobre los menores, hizo su trabajo.

Hace un año, la Xunta inició el proceso de «rescate» de esos críos. La Consellería de Política Social informó entonces de que estaba «vigilando» la situación de los menores. Una vez que el gobierno local notificó que en el edificio okupado en la ronda de Nelle habitaban varios niños, técnicos de Política Social acudieron a las viviendas para supervisar las condiciones de vida de los pequeños. En un principio, tras estudiar el caso, determinaron que se trataba de un problema de malas condiciones de la vivienda debido a «la pobreza extrema de la familia», pero no a una desatención por parte de los progenitores.

Comprobaron que los menores estaban escolarizados, por lo que se optó por reforzar su atención con su visita a un centro de día por las tardes «para ofrecerles merienda y aseo, si así lo necesitaban», apuntaron fuentes de la Xunta.

Los residentes en los edificios colindantes manifiestan que llevan unos diez años sufriendo el problema. La principal queja tiene que ver con las condiciones de higiene, ya que, como en el inmueble no hay suministro de agua, «lanzan las defecaciones por la ventana, por lo que el olor es nauseabundo. No podemos ni abrir las ventanas ni tender la ropa», lamentan. Desde la Asociación de Vecinos de la Plaza del Comercio también denuncian peleas habituales y alertan del peligro que supone el inmueble, con casi todas las ventanas rotas.

Desde el Ayuntamiento y la Policía Nacional apuntan que sobre el edificio no hay ninguna denuncia de allanamiento, de forma que los propietarios no han alertado a las autoridades de la presencia de residentes ilegales.

Varios inquilinos decían que tenían contrato de alquiler y habían pagado la renta «hasta que el dueño desapareció».

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