El Ayuntamiento remitió este martes a la Xunta, que tiene la competencia en materia de vivienda, pero que ha respondido que la petición no está «debidamente motivada, ni justificada»
03 oct 2023 . Actualizado a las 17:52 h.El Ayuntamiento de A Coruña solicitó este martes a la Xunta la declaración de la ciudad como mercado tensionado para controlar los precios de los alquileres, una medida posible desde la aprobación de la nueva Ley de Vivienda el pasado mayo. El escrito municipal lo firma el portavoz del gobierno local, José Manuel Lage, y está dirigido a la vicepresidenta primera del Gobierno gallego y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez.
El gobierno municipal da este paso con el objetivo de que se establezcan las medidas incluidas en la normativa para evitar que los precios de los alquileres se reduzcan o continúen creciendo en la ciudad y realiza esta reclamación a la Xunta, ya que la Administración autonómica es la que tiene competencias en materia de vivienda. Su petición se basa en que la oferta de vivienda existente es insuficiente para la población y la demanda actual.
Al mismo tiempo, recuerdan que en la ciudad hay 2.305 demandantes de vivienda pública inscritos oficialmente en el registro del Instituto Galego da Vivenda e Solo lo que constata que «a oferta actual de vivenda na cidade non responde ás necesidades reais da poboación».
Así, lo primero que se solicita es la elaboración de un informe sobre el mercado residencial, con los indicadores de los precios de alquiler y venta de viviendas y su evolución en el tiempo, además de los niveles de renta de los hogares. El objetivo de este estudio, explicaron fuentes municipales, es «poder medir a evolución do esforzo económico que teñen que realizar os cidadáns para dispor dunha vivenda digna e adecuada».
La Xunta será la Administración que se encargue de elaborar este informe para discernir si A Coruña puede ser declarada como mercado tensionado y el Ayuntamiento ofreció su colaboración aportando la información disponible sobre la evolución del mercado de la vivienda en la ciudad.
Respuesta de la Xunta
Sin embargo, desde la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda indicaron que evaluarán la petición del Ayuntamiento de A Coruña, aunque consideran que no está «debidamente motivada, ni justificada, ni acompañada de ningún documento técnico que sostenga esta pretensión».
Además, sostiene, en respuesta al gobierno local coruñés, que la ley por el derecho a la vivienda «no determina, de manera clara, cuál es la Administración competente para hacer la correspondiente declaración, asunto del que ya fue advertido el Gobierno central por parte de la Xunta».
En ese sentido, afirma que espera poder resolver cuestiones y discrepancias competenciales como esta en la comisión bilateral de cooperación solicitada al Gobierno central «y para la que seguimos esperando que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana concrete la fecha de celebración», añade.
«Por último, el Ayuntamiento debe ser consciente de que los recursos presentados contra dicha ley por varias comunidades autónomas fueron admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional, por lo que es una norma de dudosa aplicación mientras no haya una resolución judicial al respecto».
El incremento de los precios tanto de alquileres como de propiedades en venta mantiene una escalada desde hace años en A Coruña. Esta es una de las razones por las que se produjo un importante trasvase de vecinos de la ciudad a ayuntamientos del área metropolitana como Oleiros, Culleredo, Cambre o Arteixo.
La ley de vivienda exige que se cumpla uno de los dos siguientes requisitos para declarar una zona tensionada: «Que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler (...) más los gastos y suministros básicos supere el 30 % de la renta media de lo hogares», o que «el precio de compra o alquiler de la vivienda haya experimentado en los cinco años anteriores (...) un porcentaje de crecimiento acumulado al menos tres puntos superior al crecimiento del índice de precios de consumo».
En caso de declararse una zona como tensionada, tendría esa condición durante un período de tres años y su aprobación por la comunidad autónoma dependerá de una memoria justificativa y de un plan con las medidas que se aplicarían. El Gobierno autonómico mostró en alguna ocasión su rechazo a aplicar esta figura legal porque no están de acuerdo con las vías por las que se decantó el Ejecutivo para afrontar los problemas vinculados a la vivienda.
El BNG de A Coruña «celebra» el paso dado por el Ayuntamiento de A Coruña por dos motivos. El primero de ellos es que es una de las cuestiones que se habían incluido en el pacto de investidura entre el PSOE y los nacionalistas y la otra es que el mercado de la vivienda en la ciudad «é insoportable para a grande maioría da sociedade coruñesa». La formación había registrado una iniciativa en este sentido para su debate en el pleno de este jueves.