Juzgan a un Policía Nacional por robar un móvil en la tienda a la que fue a investigar
A CORUÑA
El procesado, que se enfrenta a año y medio de prisión e inhabilitación, fue enviado al negocio para investigar un atraco
28 abr 2023 . Actualizado a las 18:01 h.Un agente de la Policía Nacional ocupará la próxima semana el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial para responder por un delito de hurto. La Fiscalía pide que se le imponga una condena de un año y medio de prisión, tiempo en el que sería apartado del cuerpo.
Todo comenzó a raíz de una llamada telefónica hecha por la encargada de una tienda de telefonía móvil el 16 de julio del 2017, en la que avisó de un robo en la misma. Allí acudieron a instancia de la sala operativa del 091 dos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. Uno de ellos, el ahora procesado. Tras entrevistarse brevemente con la encargada se dedicaron los dos a inspeccionar el establecimiento para descubrir los vestigios que hubiesen podido dejar el autor o autores del hecho y constatar el elevado número de teléfonos móviles sustraídos de entre los que allí se encontraban depositados o expuestos para su venta, así como los que habían dejado preparados fuera de su lugar ordinario para llevárselos en otro momento.
«Aprovechando el desorden generado en el comercio y que la encargada, por la condición de policías nacionales del acusado y de su compañero, estaba convencida de su honestidad, de que no se iban a aprovechar de la situación y de que no hacía falta vigilar sus pasos por el establecimiento, el acusado se hizo en un momento dado con uno de los terminales móviles que habían quedado allí, cuyo precio de venta al público era de 722 euros», sostiene el fiscal. Lo ocultó al salir del local y se lo quedó para sí «con la convicción de que, dada la cantidad de aparatos aparentemente sustraídos, la responsable del comercio pensaría que formaba parte de los que inicialmente se llevaron el autor o autores del robo», añade la acusación.
Las investigaciones policiales que se llevaron a cabo con autorización judicial permitieron semanas después localizar dicho terminal en poder de otra persona, de la que no existe constancia que conociese su origen ilícito al recibirlo. Hasta ella llegó tras usarlo el acusado durante unos días y deshacerse finalmente de él por medios que no han podido ser concretados.