Xunta y Ayuntamiento de A Coruña discuten sobre la titularidad del Novo Chuac
A CORUÑA
Los cambios en el convenio aprobado en el pleno de diciembre amenazan con un nuevo retraso del proyecto
17 feb 2023 . Actualizado a las 20:54 h.La puesta en marcha del Novo Chuac de A Coruña vuelve a encallar en un desencuentro administrativo que amenaza con retrasar aún más el proyecto para disgusto de ciudadanos y sanitarios, que consideran la ampliación «una necesidad imperiosa», tal y como señaló ya el año pasado el Colegio de Médicos.
La Consellería de Infraestruturas ha enviado un requerimiento al Ayuntamiento por considerar que ha modificado «substancialmente» y de forma «unilateral» las cláusulas del convenio para las expropiaciones y obtención de los terrenos del futuro hospital y los viales. Además de afearle que lo hiciera por sorpresa y sin avisar, afirma que contraviene lo que habían consensuado en la reunión del 29 de noviembre. Tras aquel encuentro, el 28 de diciembre el pleno dio luz verde, también con los votos del PP, a la firma del convenio. Fue el 2 de enero, al recibir el texto para su revisión jurídica, cuando la Xunta detectó alteraciones que, según sostiene el departamento autonómico, afectan a la adquisición y propiedad de los terrenos e incluso a la titularidad del hospital.
La queja, que según el Gobierno gallego requerirá llevar de nuevo a pleno el convenio corregido, se apoya en que María Pita añadió entre los compromisos del Ayuntamiento «aceptar a titularidade dominical dos terreos necesarios para a construcción do novo hospital (...), accesos e conexións viarias». Aunque a renglón seguido el Concello apunta que pondrá el suelo a disposición de la Xunta «de forma anticipada e gratuita» para que realice las obras, entiende la Xunta que la propuesta incluye formalizar la adscripción o mutación demanial de los terrenos e infraestructuras que se levanten sobre ellos.
Los cambios «levaríanos ao absurdo de que a Xunta constrúa un hospital cuxa titularidade terminaría sendo do Concello cando carece de competencias en xestión hospitalaria», subraya Infraestruturas, que mantiene que se vulnera incluso el convenio marco de febrero del 2021, firmado por el anterior presidente de la Xunta, Núñez Feijoo, y la alcaldesa Inés Rey, para el Novo Chuac, y también el Proxecto de Interese Autonómico (PIA) para tramitarlo. Según este, la Administración gallega debe figurar como beneficiaria de la expropiación, a la que el Ayuntamiento aportará 12 millones para el suelo del futuro hospital y los accesos, y otros 10,2 para la urbanización y conexiones.
Ajustes y excusas
El Concello mostró ayer su sorpresa» ante el requerimiento de Infraestructuras dado que «el año pasado la Xunta quedó en ponerse en contacto con nuestros técnicos para aclarar las dudas que pudieran tener y aún estamos esperando la llamada». «Les reiteramos que si necesitan alguna explicación, basta con que llamen y la pidan», señalan en María Pita, que también insiste en que el convenio remitido «es el mismo que el que aprobó el pleno en diciembre con los votos a favor del PP» y que los cambios en la redacción obedecen a la necesidad de «realizar ajustes jurídicos nimios del texto a la legalidad, algo que no afecta en absoluto al fondo del acuerdo». Como ya sucede con otros servicios públicos en terrenos adquiridos con fondos municipales, el Ayuntamiento asegura que la cesión de uso para actividad hospitalaria se realizará de forma inmediata y a perpetuidad, de modo que «el compromiso está más que claro y la Xunta puede y debe empezar cuanto antes; otra cosa es que busquen excusas para retrasar la obra, algo que es posible ya que su propia previsión de inversiones se redujo en 40 millones entre el 2022 y el 2023».
La titularidad no es el único punto de fricción señalado en el requerimiento que la Xunta sostiene que se vio forzada a enviar después de intentar solucionar las diferencias en distintas llamadas y solicitudes de información, ya que también reclama al gobierno local que corrija la partida de un crédito de 50.000 euros para las expropiaciones consignado en una anualidad del 2022 «cando é evidente que a tramitación levarase a cabo no 2023».