El embajador de Filipinas traslada a la familia de Diego Bello que su país quiere resolver el problema
A CORUÑA
Familia y allegados del joven coruñés asesinado estuvieron acompañados de Inés Rey, Miguel Lorenzo y varios representantes políticos en una concentración frente al edificio consular en Madrid
05 oct 2022 . Actualizado a las 13:22 h.La familia y amigos de Diego Bello acudieron este martes al mediodía a la embajada de Filipinas en España, acompañados de representantes políticos, para exigir a las autoridades de aquel país que detengan a los policías que asesinaron al joven empresario. Allí estuvieron la alcaldesa, Inés Rey, el candidato del PP a la alcaldía, Miguel Lorenzo, junto con el vicesecretario de organización del Partido Popular, Miguel Tellado; el diputado del BNG Néstor Rego, el socialista Diego Taibo, y las diputadas socialistas Montserrat García Chavarría y Natividad González Laso, entre otros.
Tras una concentración a las puertas del edificio consular, los padres, el hermano y el tío de Diego Bello entraron en la embajada donde fueron recibidos por el cónsul de aquel país. En un principio, los diplomáticos solo iban a atender a los padres, pero la intervención de Inés Rey posibilitó que accedieran a que el encuentro fuese con todos los allegados.
El cónsul, que acaba de asumir el cargo, les trasladó que su Gobierno está haciendo todo lo posible para proceder a la detención de los tres policías involucrados en la muerte y que hablará con las autoridades de su país para hacerles llegar las inquietudes de la familia, amigos y autoridades. Tras asegurarles que Filipinas está muy interesada en resolver el problema, les prometió estar en contacto.
Pilar Lafuente, madre de Diego Bello, expuso al cónsul filipino la necesidad de que la policía nacional de aquel país lleve a cabo la detención de los tres policías que han sido acusados por la justicia de haber asesinado a Diego y de haber falsificado pruebas para acusarlo de narcotraficante. La orden judicial de detención de Vicente Panuelos, Nido Boy Esmeralda y Ronel Azarcon fue firmada por la justicia filipina el 25 de marzo y luego de transcurridos seis meses los policías siguen prófugos, a pesar de seguir perteneciendo al cuerpo policial. La presidenta de la asociación transmitió al cónsul su preocupación por la falta de eficacia de la policía filipina en cumplir la orden de arresto, solo atribuible a la «incompetencia o mas bien a un afán por entorpecer la labor de la justicia de su país, labor indispensable dentro de cualquier régimen democrático».