Investigan si García Seoane había delegado los derribos cuando se tiró la casa Carnicero

D. Vázquez OLEIROS / LA VOZ

A CORUÑA

Momento del derribo de las paredes de casa Carnicero el día de Fin de Año
Momento del derribo de las paredes de casa Carnicero el día de Fin de Año d. vázquez

La Fiscalía quiere saber si es posible reconstruirla y que se valore su pérdida

11 jun 2022 . Actualizado a las 05:00 h.

Cuando se van a cumplir dos años del incendio de la casa Carnicero (fue un 16 de julio por la tarde) y año y medio de su demolición (el 31 de diciembre del 2020), la Justicia continúa investigando la desaparición de este inmueble histórico diseñado por Rafael González Villar y las posibles responsabilidades municipales, ya que se tiró a instancias del Concello.

En mayo del año pasado, desde la Fiscalía se había formulado, tras ser informada por la Consellería de Cultura de la destrucción del inmueble, la denuncia contra el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane; la delegada de Urbanismo de Oleiros, María José Varela Neira; la asesora urbanística municipal, Gloria de la Montaña García Alcántara, y José Luis Jares Vázquez, arquitecto municipal, como supuestos autores de un delito contra el patrimonio histórico por el derribo del inmueble situado en A Pasaxe, y del que ya solo quedan el solar y los cascotes.

Sin embargo, desde entonces poco han trascendido los avances de este proceso. La Fiscalía había incoado diligencias previas el pasado diciembre y recaba información para conocer la situación en la que se encontraba el edificio. En este sentido, solicitó la declaración testifical de la arquitecta del servicio de Gestión Cultural sobre el expediente relativo a la ruina de la casa Carnicero.

También pidió que, con carácter previo a esta declaración, se le dé conocimiento del informe del 29 de diciembre del 2020 suscrito por la asesora urbanística municipal con el fin de que declare expresamente sobre la manifestación contenida en el mismo, según la cual «aínda que a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural non poda opoñerse á demolición do inmoble por non tratarse dun ben de interese cultural, debe solicitarse autorización para tal actuación e comunicarse calquera que teña que realizarse con urxencia debido ao estado do inmoble». En su día, Oleiros había optado por demoler directamente el edificio justificándolo en que tras los desprendimientos de una pared, debido al incendio sufrido en julio del 2020, y el anuncio de alerta naranja por viento había riesgo para los transeúntes que pasaran al lado de la casa Carnicero, situada en el puente de A Pasaxe.

La Fiscalía también quiere recabar del secretario municipal del Concello de Oleiros certificación de las competencias delegadas por el alcalde del Concello de Oleiros en la concejalía de Interior, Seguridade Cidadá, Economía e Facenda e Urbanismo y, específicamente, si tenía delegadas las facultades relativas a la demolición de edificios. Inicialmente se había señalado que la casa Carnicero, incluida en el Catálogo de Bens Culturais del plan urbanístico, se tiró el 31 de diciembre por un decreto de alcaldía firmado el día anterior.

Estado en el que quedó casa Carnicero tras el incendio sufrido en verano
Estado en el que quedó casa Carnicero tras el incendio sufrido en verano MARCOS MÍGUEZ

Posible reconstrucción

La Fiscalía también ha pedido información sobre si era posible la reconstrucción del edificio después del incendio y las medidas que debieron adoptarse. Tras el fuego que había dañado el inmueble en julio había un informe de un arquitecto en el que se recomendaba el apuntalamiento de las fachadas y se había elaborado otro pericial para declarar la ruina técnica y económica del edificio, así como la total demolición. Sin embargo, en diciembre se había constatado que no se había realizado ninguna medida de seguridad y se habían producido más derrumbes.

El ministerio público en sus diligencias previas también ha considerado necesario designar un perito judicial que, previa inspección del inmueble y de toda la documentación obrante en la causa o que precise, determine si existe posibilidad actual de restauración y cuantifique su coste.

En el caso de que no sea posible ningún tipo de restauración, pide la valoración económica del perjuicio causado por la pérdida. También se solicita que el perito valore si después del incendio ocurrido en julio del 2020 era posible la restauración o conservación y se pronuncie sobre la forma en que debió actuarse.