«Hay que abrir vías para que alumnas víctimas de abusos sexuales puedan contarlo»
A CORUÑA
Expertas en género lanzan en A Coruña un reclamo: «No tienes por qué aguantarlo»
15 may 2022 . Actualizado a las 15:03 h.La condena a un profesor de la escuela Pablo Picasso que abusó sexualmente de ocho alumnas puso en evidencia esta semana las dificultades que encuentran las víctimas para romper el silencio, contar lo ocurrido y recibir el amparo de las instituciones. Son ellas quienes han de probar la culpabilidad del agresor y, mientras un juez no lo declare en sentencia firme, la presunción de inocencia prevalece sobre el prejuicio. Pero la víctima también «tiene derecho a la protección, información, apoyo, asistencia y atención», y a «recibir un trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio desde su primer contacto con las autoridades o funcionarios», dice la Ley del Estatuto de la Víctima.
«Aquí lo primero que hicimos fue poner todos los cauces a disposición de los estudiantes para que cualquiera que se considerase víctima pudiera comunicar su situación», explica Ana Jesús López, doctora en Física y autora del protocolo de actuación ante situaciones de acoso sexual de la UDC.
«Por correo, por teléfono, llamando a la Oficina para a Igualdade de Xénero, personalmente. No podemos limitarnos a que lo hagan en el registro. Hay que facilitar y abrir vías para que las alumnas víctimas de abusos puedan contarlo, con confidencialidad y garantías. Pero para ambas partes, para ellas y para el denunciado», cuenta la profesora de Enxeñaría Mecánica, que recuerda algún caso que tuvo que atender durante su etapa como directora de la OIX.
«Me entrevisté con la persona, escuché con detalle lo que quería contar, recabamos información, activamos el protocolo. La comisión siguió el procedimiento, hablamos con las dos partes y enviamos la información al rector, que es quien debe decidir. No había indicios de delito; de haberlos, se pondría en conocimiento de la Fiscalía», explica.
Chistes y piropos
Las estudiantes de la escuela Pablo Picasso explicaron a este periódico que antes de presentar la denuncia sintieron miedo de que no las creyeran o restaran importancia a los abusos, una conducta muy normalizada socialmente cuando los hechos no son graves, que ellas mismas anticiparon. «Hay que aceptar lo que te cuenten, sin revictimizar. No puedes decirle a una mujer que no fue para tanto. Un piropo, un profesor que cuenta chistes machistas en clase, eso es una forma de acoso sexual y tienen derecho a denunciarlo. Mientras las mujeres estén incómodas, todos estos micromachismos necesitan mecanismos de corrección», añade Ana Jesús López.
El caso de la escuela de Orillamar no cabe en el marco de la Ley Integral contra la Violencia de Género, porque las víctimas no eran pareja o expareja del agresor. «Hay derechos que tienen las víctimas en el ámbito de la Ley 1/2004 que no tienen otras que pueden parecer víctimas de segunda categoría. Por ejemplo, a la primera asistencia letrada gratuita», explica Beatriz Núñez, coordinadora del turno de guardia para violencia machista del Colegio de Abogados de A Coruña.
En la Oficina de Atención á Vítima e o Cidadán de los juzgados de la calle Monforte «o sistema non deriva casos coma este, e se chegan, é por outra vía», explica el psicólogo José Manuel Oreiro. Cuando se trata de menores, en cambio, «derívanos inmediatamente», advierte.
Patricia Faraldo, catedrática de Derecho Penal de la UDC y redactora de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, llama la atención sobre el tratamiento de los supuestos más leves de abuso, como los que sufrieron las ocho chicas de la antigua escuela de artes y oficios. «Ante hechos relativamente poco graves como tocamientos por encima de la ropa o por debajo pero en zonas no erógenas», tampoco existen tantos soportes para la víctima, que «puede quedar hecha polvo igualmente». Derechos laborales, asistencia social o ayudas económicas para independizarse del agresor no proceden aquí. «La situación de estas muchachas no cambiaría mucho si fuese violencia de género», matiza Faraldo.
El delito de abuso sexual está penado con multas de 18 a 24 meses o prisión de 1 a 3 años. Una vez que la condena es firme, el individuo queda inscrito en el Registro Central de Delincuentes Sexuales. «Y esto tiene consecuencias», apunta la catedrática. El hecho además de que sea un profesor permite pedir el agravante de abuso de autoridad, que eleva la pena a entre 21 y 24 meses de multa, y entre 2 y 3 años de prisión, que ya implica el ingreso. Y puede pedirse el agravante de género. «El Supremo lo está aplicando a delitos sexuales. Aquí tenemos un concepto sumamente restringido. A nivel internacional violencia de género es toda la violencia de los hombres sobre las mujeres debido a la subordinación de la mujer o la violencia que afecta desproporcionadamente a las mujeres. Nuestra ley es del 2004 y debe actualizarse», dice Faraldo, y concluye: «Y debemos mejorar la sensibilización de las víctimas, decirles: Esto no tienes por qué aguantarlo».