Denuncian ruidos y peleas diarios en los pisos okupados de la calle de la Barrera, en A Coruña

A. Villagrasa / T. Rivas A CORUÑA

A CORUÑA

Portal del edificio okupado de la calle de la Barrera
Portal del edificio okupado de la calle de la Barrera A. V.

Una vecina sospecha que podrían haber «enganchado» la luz a la suya tras recibir una factura de más de 500 euros

10 abr 2024 . Actualizado a las 20:01 h.

Los vecinos del número 28 la calle de la Barrera están sufriendo un «calvario» desde que tienen a los okupas instalados al otro lado de la pared. Denuncian que los ruidos y las peleas son prácticamente diarios desde que los allanadores se instalaron, allá por el mes de diciembre, en el primer y segundo piso del número 30. «Es impensable que uno se mude a un piso del centro buscando tranquilidad y acabe encontrándose con eso. El trasiego de gente que te para para pedirte dinero o tabaco es continuo», aseguraba Daniel, uno de los vecinos, en el programa Voces de A Coruña, de Radio Voz. Explica, que aunque han llamado a la Policía en innumerables ocasiones les dicen que no pueden ayudarles.

María es otra de las afectadas y, en su caso, por partida doble, ya que además de sufrir las molestias que ocasionan los okupas con los ruidos, las peleas y el estado de insalubridad que hay en el edificio colindante, sospecha que tienen la luz enganchada a la suya. «Me acaba de llegar una factura de más de 500 euros y estoy esperando a que la compañía venga y me confirme si está pinchada o no», aseveró. Siente «miedo», tanto porque puedan okupar su vivienda también como por la «agresividad de las personas con las que te cruzas». Ese mismo temor fue lo que llevó a Marga a instalar una alarma en su piso. «Vivimos con un miedo espantoso que incluso nos hace pensar en la posibilidad de mudarnos. Nos encontramos indefensos», denuncia esta vecina.

El edificio en el que se ubican los dos pisos conflictivos se encuentra prácticamente en estado de abandono y pertenece a cinco propietarios diferentes. El tercero es uno de los pisos adquiridos en el 2018 por el gobierno de la Marea en un polémico programa anulado por irregularidades y, aunque estuvo okupado brevemente, el Ayuntamiento tapió su acceso.

La presidenta de la Asociación de Vecinos Distrito Uno, Blanca Villalta, exige una solución a un «problema que afecta tanto a los vecinos como a los negocios».