El Consello Consultivo también se opone a indemnizar a tres empresas con propiedades en el edificio de Fernando Macías de A Coruña
A CORUÑA
Los reclamantes alegaban daños morales y económicos por los años que soportaron la amenaza de derribo
08 abr 2022 . Actualizado a las 13:08 h.El Consello Consultivo de Galicia emitió tres dictámenes en respuesta a otras tantas reclamaciones de propietarios del edificio de Fernando Macías que exigían indemnizaciones ante los daños morales y económicos sufridos durante los años en los que sobre el inmueble pesaba una orden de derribo. El órgano autonómico las negó. Como ya había hecho el Ayuntamiento. Las peticiones sumaban mas de medio millón de euros.
En el 2019, cuando se llegó a un acuerdo a través de una mediación para evitar la demolición de la rehabilitada antigua sede de Fenosa, se acordó que los propietarios serían indemnizados con cantidades de entre 9.000 y 12.000 euros, si bien se dejaba una puerta abierta a la posibilidad de solicitar contrapartidas a mayores. Y esto es lo que hicieron tres empresas que tienen en el edificio alguna propiedad. Alegaron daños morales. Entendían que debido a una ilegalidad cometida por el Ayuntamiento cuando dio licencia del inmueble los enfrascó en un pleito judicial entre el 2001 y el 2019. Casi dos decenios con una orden de derribo encima que, daños morales aparte, les hizo perder dinero, pues no pudieron ni alquilar ni vender en todo ese período.
El Ayuntamiento se negó a indemnizarlas, los reclamantes buscaron amparo en el Consello Consultivo y este órgano también se opone.
En los dictámenes se dice que las empresas no presentaron nada que justificase esos posibles daños económicos. Contra estas resoluciones cabe la posibilidad de acudir a los tribunales.
Siete de los 89 propietarios del edificio de Fernando Macías habían pedido indemnizaciones a mayores de las otorgadas por el Ayuntamiento y ninguno obtuvo el visto bueno ni del gobierno local ni del Consello.
Con lo percibido tras el acuerdo interjudicial del 2019, se daba por hecho que los afectados ya estaban resarcidos. Aquel acuerdo salvó del derribo al edificio tras convencer al arquitecto denunciante de retirar la demanda a cambio de tres millones de euros, una oficina de buenas prácticas constructivas y una indemnización por daños morales a los propietarios.
