Los mariscadores no recogerán la cría de la ría de O Burgo como medida de presión
A CORUÑA
Elevan al Parlamento Europeo la falta de indemnización por dejar de trabajar
01 ene 2022 . Actualizado a las 23:20 h.Sin contacto oficial desde octubre, los mariscadores de la ría de O Burgo siguen pendientes de quién y cuándo les abonará las indemnizaciones por cese de actividad durante los 26 meses que durará el dragado de la ría. Ante los carteles en el Paseo da Tolerancia de O Temple que suponen la evidencia del inicio de las obras indicaron este miércoles que personal de Acciona, una de las empresas que llevará a cabo la obra, les comunicó que les dan de plazo de enero a abril para retirar la cría de marisco. Agotada la vía de la negociación y con la puerta abierta a una denuncia judicial a propuesta del Estado, Manuel Baldomir, miembro de la junta general de la Cofradía de Pescadores de A Coruña, anunció que «a única forma de presión que temos é non retirar a cría de marisco e que se bote o tempo enriba dos políticos».
Reconoció que han hecho gestiones tanto ante el Parlamento estatal como el gallego, así como ante las Administraciones locales para que se atiendan sus peticiones, pero no han conseguido nada. «Falta vontade política», estimó y reconoció que si a los 78 autónomos que trabajan en la ría no les ofrecen una compensación por el tiempo de parón los abocará directamente a los impagos y a los embargos bancarios. Baldomir insistió en que se están vulnerando derechos reconocidos en la Constitución y apuntó que un informe del catedrático de Derecho Administrativo Luis Miguel Míguez Macho recoge sentencias favorables a reconocer los derechos a indemnización de damnificados por infraestructuras públicas.
Escrito a Europa
Ante lo que considera como desidia y guerra política entre el Estado y la Xunta, desde las Cofradía de Pescadores se ha remitido un escrito al Parlamento Europeo, amparándose en la denuncia realizada en su día por la eurodiputada del BNG Ana Miranda por el estado de la ría. En el escrito, el patrón mayor, Felipe Canosa, expone que el proyecto de dragado «está a punto de provocar la paralización de los planes de explotación marisquera lo que supone la prohibición de extraer los bivalvos de nuestra ría mientras duren las obras de trabajo». Recuerda que en el momento de redacción del proyecto la Cofradía presentó «alegaciones debido a la paralización de la extracción marisquera y se reconocieron compensaciones por tal motivo, lo que abrió cruces de acusaciones entre las dos Administraciones debido a cual de ellas es la que tiene que ejercer dicha competencia económico a nuestros y nuestras trabajadores y a nuestra entidad al no poder extraer y realizar la venta de marisco». Explica que el Estado les indicó que solo cabe la vía judicial, uno a uno . «No solo nos prohíben trabajar vulnerando nuestro derecho constitucional reconocido en el artículo 35 de la Constitución Española, sino que también nos obliga a tener que meternos en gastos de abogados y judiciales, esperar a que estos se resuelvan, lo cual puede tardar más de dos años y que, debido a la falta de ingresos, nuestros trabajadores y trabajadoras se vean abocados a sufrir embargos de bienes inmuebles así como a no poder hacer frente a la vida diaria, cuando entendemos que es un problema político y como tal puede y debe resolverse».
Desde la Cofradía se mostraron muy críticos con que el PSOE y Unidas Podemos apoyaran sus demandas cuando estaban en la oposición, y ahora en el Gobierno central les ofrezcan como única alternativa emprender un conflicto judicial.
