Tranvías reivindica su labor y el gobierno local de A Coruña analiza si es viable ir al Supremo
A CORUÑA
La millonaria indemnización causada por la bajada de tarifas que impuso la Marea aumentará si el recurso extraordinario falla
06 oct 2021 . Actualizado a las 05:00 h.Ignacio Prada reivindicó ayer el buen hacer de la Compañía de Tranvías tras la sentencia del TSXG que revoca la bajada unilateral de tarifas impuesta de forma unilateral por el anterior gobierno de la Marea en el 2018. Prada recordó que, de acuerdo a la sentencia del TSXG, la bajada de tarifas no se ajustó a las normas de la concesión ni a derecho y no obedeció a criterios de interés público. Por lo que lamentó que el anterior ejecutivo intentó ir «contra los resultados de la Compañía». «No querían mejorar el servicio, fue tres meses antes de las elecciones», remachó.
Poco después, la alcaldesa, Inés Rey, anunció que los servicios jurídicos municipales están analizando «todas las posibilidades y vías de recurso que pueden existir» para recurrir la sentencia al Tribunal Supremo. La regidora insistió en que su prioridad es «defender el interés municipal».
El dictamen del TSXG supone que el Ayuntamiento tendrá que pagar una millonaria indemnización a Tranvías. En los años 2019 y 2020 la empresa contabilizó 36,3 millones de pasajeros. La reducción de las tarifas fue de diez céntimos, por lo que la compensación sería de 3,6 millones, sin tener en cuenta otros múltiples factores. A esa cantidad habría que sumar las pérdidas de este año, y al total habría que añadirle los intereses legales.
Según fuentes jurídicas, el recurso de casación tiene escasas posibilidades de prosperar, entre otros motivos porque la bajada de tarifas, de acuerdo a la sentencia del TSXG, se impuso aplicando normas de forma retroactiva.
La inadmisión del recurso o su fracaso dispararían el montante de la indemnización, ya que hasta entonces las tarifas reducidas seguirían vigentes. Cabe señalar que el Supremo tarda cerca de 30 meses en resolver un recurso de casación ordinario, lo que supondría duplicar la compensación.
Rey adelantó lo que iba a pasar
Pero ayer ninguna de las partes entró en el tema económico, en parte porque la estimación del total tiene muchas variables.
Ignacio Prada insistió en que es una cuestión secundaria. A su juicio lo importante es que, de adquirir firmeza, el dictamen pondrá fin a la situación de inseguridad jurídica del transporte público y subrayó que la empresa «estaba, está y estará» dispuesta a hablar con el Ayuntamiento para «mejorar el servicio» y que cada vez haya más viajeros.
El director recordó que esa inseguridad ha impedido a la compañía hacer inversiones durante siete años, en los que se dejaron de renovar 56 autobuses, la mitad de la flota de la compañía. También recordó que el contrato que la Compañía de Tranvías tiene con el Ayuntamiento es a riesgo y ventura, y señaló que la empresa logró salir de la situación de déficit que sufría en los 80 cuando logró atraer a más pasajeros hasta alcanzar los 23 millones del 2019. En esa línea, lamentó que el anterior gobierno tratase de «limitar la ventura», mientras dejaba todos los riesgos.
Preguntado por el daño que la imagen de la empresa sufrió a manos del gobierno local anterior y de la propia Marea, que acusaron a la firma de incumplir normativa legal, Prada se mostró esperanzado de que sea menor, y recordó que, pese a esas acusaciones y a la imposibilidad de invertir en mejoras, los usuarios les siguen dando un notable alto.
El dictamen llega en mal momento para el gobierno local, que en verano situó a la Marea Atlántica como socio prioritario para aprobar los presupuestos. Cabe recordar que la propia Inés Rey fue muy crítica en la campaña de las municipales del 2019 con la bajada unilateral de tarifas. La regidora, que es abogada, preguntaba en los debates a su predecesor, Xulio Ferreiro, a cuánto ascendería la indemnización. Esas palabras dejan lugar a pocas dudas sobre su opinión acerca de la legalidad de la medida «unilateral», como la describía Ferreiro.
La alcaldesa añadió que su política pasa por buscar el consenso con las concesionarias, ya que de lo contrario «nos encontramos con estas cosas, con sentencias gravosas para las arcas municipales». Pero, a pesar de esos argumentos, dejó abierta la puerta al recurso extraordinario que alargaría la vía judicial, y evitó en todo momento criticar la la Marea Atlántica. Incluso a pesar de que ese partido cargó contra ella por sus dudas sobre una medida que ahora el TSXG ha confirmado.
El PP lamenta que los vecinos deban pagar la ilegalidad de la Marea y esta ataca a la empresa
El grupo municipal del PP lamentó que todos los coruñeses «tengan que pagar con su dinero las ilegalidades de la Marea» en la concesión del bus. Los populares instaron a la alcaldesa, Inés Rey, a reconsiderar su relación con ese grupo, con el que está negociando los presupuestos y las ordenanzas fiscales del 2022.
El PP destacó que la sentencia conocida este lunes supondrá que el Ayuntamiento tenga que pagar una indemnización millonaria a la Compañía de Tranvías.
Los populares señalaron que el dictamen se conoció en un «lunes negro» para la Marea, ya que también se firmó el convenio para construir el centro de salud de Santa Lucía, un proyecto al que se opusieron en su mandato.
Por su parte, la Marea Atlántica insistió en que el gobierno local «debe recurrir» la sentencia para «defender á cidade» ante los intereses de una empresa que «se enriquece cun servizo público». Acusaron también al exalcalde Francisco Vázquez de dar «unha concesión feita a medida» a la firma en 1984. Cabe recordar que la Marea intentó recortar el contrato pero la justicia europea y los tribunales nacionales lo rechazaron.
El BNG instó al gobierno local a recurrir. Pero los nacionalistas también criticaron que la decisión de bajar las tarifas se tenía que haber tomado «con moita maior cautela» y lamentaron la parálisis en las mejoras del servicio desde entonces. Además, plantearon que el Ayuntamiento se haga cargo de la gestión del transporte público en el 2024, cuando acaba la concesión.
