Los populares señalaron que el dictamen se conoció en un «lunes negro» para la Marea, ya que también se firmó el convenio para construir el centro de salud de Santa Lucía, un proyecto al que se opusieron en su mandato.
La Marea Atlántica insistió en que el gobierno local «debe recurrir» la sentencia para «defender á cidade» ante los intereses de una empresa que «se enriquece cun servizo público». Acusaron también al exalcalde Francisco Vázquez de dar «unha concesión feita a medida» a la empresa en 1984. Cabe recordar que en ese año no se parobó una concesión, sino una unificación de las existentes. Es más, la Marea intentó recortar el contrato pero la justicia europea primero y los tribunales nacionales después rechazaron sus argumentos.
Finalmente, el BNG también instó al gobierno local a recurrir la sentencia. Pero los nacionalistas también criticaron que la decisión de bajar las tarifas se tenía que haber tomado «con moita maior cautela» por sus «eventuais repercusións sobre a Facenda local». Señalaron también que «mentres se baixaban as tarifas se perdía a oportunidade de pór en práctica outras medidas, como a reordenación das liñas, o aumento das frecuencias ou a adaptación dos horarios ás necesidades laborais» de los ciudadanos. Además, el BNG planteó que el Ayuntamiento se haga cargo de la gestión del transporte público a partir del 2024, cuando finaliza la concesión.
