La policía toma el control de acceso al piso okupa de la calle San Lucas, en A Coruña
A CORUÑA
Los agentes se apostaron en la puerta para identificar al que entraba y salía
09 sep 2021 . Actualizado a las 05:00 h.Dos agentes de la Policía Nacional estuvieron este miércoles varias horas flanqueando el portal número 17 de la calle San Lucas, ese edificio de la Sagrada Familia que fue señalado por los vecinos por ser un punto de venta de droga. Sobre todo en uno de sus pisos, que lleva tiempo okupado por jóvenes de nacionalidad extranjera. A todo el que entraba o salía le pedían la documentación para comprobar si tenían causas pendientes con la Justicia. Así estuvieron varias horas y lo estarán en los próximos días. Toda vez que el 091 no puede desalojar la vivienda debido a que los okupas llevan tiempo asentados, lo que hacen es montar un dispositivo de vigilancia para desmontar el negocio de trapicheo que supuestamente se traen entre manos algunos de los que ahí habitan.
La policía se personó en el portal al mediodía y desarrollaron su trabajo sin incidencias. Si bien alguno de los residentes en el inmueble se quejó por tener que identificarse para entrar en casa.
Este dispositivo llega como respuesta al clamor vecinal. Muchos residentes en la zona llevan semanas alertando de lo que ahí se cuece. «Llamamos a la policía varias veces para avisar de peleas, gritos a altas horas de la noche y para denunciar el trapicheo de drogas. En cuanto viene una patrulla, vuelve la tranquilidad. Hasta que se van. Y así todos los días», contaba una vecina de la zona.
Señalan sobre todo a los que okuparon el tercer piso. «En los otros no hay problemas», apunta un residente de la misma calle. Destaca que están «cansados de los follones y de que se llene todo esto de toxicómanos que vienen a comprar».
Este piso de la calle San Lucas es uno de los muchos okupados en la zona de la Sagrada Familia que, junto a Os Mallos, son los barrios más afectados.
La plataforma vecinal de Os Mallos denuncia que en estos momentos hay, al menos, cinco okupaciones. Hay dos en la calle Noia. En los números 23 y 63. También en el número 14 de la calle Diego Delicado, vía en la que intentaron okupar otro local colindante a primeros de mes, con actos violentos y que «non foron a máis pola acción dos propios veciños. O trapicheo e os berros ás tantas da mañá son diarios».
También fue usurpada una vivienda en el número 16 de Mariana Pineda. Y el edificio inacabado del 17-19 de la Sagrada Familia está en las mismas condiciones.
La plataforma vecinal Os Mallos también denuncia la presencia de indigentes bajo el puente de Alfonso Molina, junto a Marqués de Figueroa, «onde deixan un regueiro de lixo e desperdicios. Pedimos ao Concello que faga presión».
Dicen que «a sensación de inseguridade está condicionando as nosas vidas, e ante o aumento dos índices de delincuencia, o maior número de locais e vivendas asaltadas pola okupación todo deriva nun clima de violencia, venda e consumo de drogas, asaltos a diario a comercios e aos propios viandantes. Non hai día que non se saiba dalgún caso de roubo ou ataque con violencia. Vivimos en alerta permanente polo temor de ser vítimas dalgún delito e especialmente tememos ter que lamentar que suceda algún feito grave e irreversible que lamentar para que se nos faga caso. A situación é insostible e empeora día a día».
«Eliminan el límite de 48 horas para poder desalojar una vivienda pero no se cumple»
Arrearle una patada a la puerta de un piso, casa o mansión y creerse propietario es uno de los problemas que más crispa a los ciudadanos y, mucho más, a los verdaderos dueños, que no comprenden cómo un desalojo por la vía penal o civil puede durar incluso años. Y no es solo eso. En multitud de ocasiones, la convivencia es insoportable. A veces, violenta.
Ante el clamor popular, el Ministerio del Interior puso a finales del año pasado en marcha un nuevo protocolo de actuación policial para tratar de agilizar el desalojo de okupas tras la instrucción dada recientemente por la Fiscalía General del Estado. La novedad principal es que se elimina el plazo de 48 horas para proceder a echar a los usurpadores de la vivienda. Si el delito es flagrante o reciente se podrá expulsar a los okupas aunque Interior no establece ningún plazo legal para que los policías o guardias civiles devuelvan la vivienda al legítimo propietario.
Pero la realidad es otra. El abogado Pablo Franco lamenta que esa decisión de la Fiscalía General del Estado de eliminar el límite de 48 horas no se está cumpliendo. Entonces, ¿dónde nace esa leyenda urbana de las 48 horas? Pues de las costumbres de determinadas unidades de policía. Es cierto que si ve a alguien entrando en una casa, interviene para evitar la comisión de un delito, pero en el caso de que ya tengan una determinada apariencia de habitarla, no intervienen ante el miedo de ser ellos mismos acusados de allanamiento», concluye el letrado coruñés.