Detienen en A Coruña a un fugitivo venezolano buscado por asesinato y en Ferrol, a una colombiana por blanqueo de capitales

T. R. A CORUÑA

A CORUÑA

Policía Nacional

El primero trabajaba como repartidor en la ciudad herculina y la segunda como asistente domiciliaria en una zona rural de la comarca ferrolana

08 sep 2021 . Actualizado a las 15:58 h.

Llevaban desde el 2016 fuera de sus respectivos países, Venezuela y Colombia, y estaban siendo buscados por las autoridades, el primero por asesinato y la segunda por blanqueo de capitales. Se habían escondido en A Coruña para huir del pasado, de los delitos que les imputaban y continuar así con una nueva vida. Pero la cooperación internacional dio sus frutos y la Policía Nacional logró detenerlos.

El primero de los fugitivos estaba siendo buscado por las autoridades venezolanas desde el 16 de junio del 2016, cuando terminó con la vida de un ciudadano del distrito caraqueño de El Junquito al que le había reclamado una suma de dinero. Después, con la ayuda de un tercero, lanzaron el cuerpo a una vía poco transitada y desaparecieron sin dejar rastro. Los investigadores descubrieron que estaba residiendo en A Coruña, donde trabajaba como repartidor. Con ayuda del Grupo Operativo Especial, ya que se trataba de un individuo catalogado como armado, peligroso, propenso a la evasión y violento, los agentes lograron detenerlo en las inmediaciones de su domicilio sin que se produjese incidente alguno. El delito por el que estaba siendo buscado tiene una pena máxima aplicable en su país de 25 años de cárcel. Este individuo ya había sido detenido con anterioridad por la Policía Nacional de la Comisaría de Ferrol-Narón, en la denominada operación Maracaibo contra la trata de personas y la prostitución.

Una fugitiva que trabajaba como asistente domiciliaria

La segunda detenida era una mujer originaria de Cali (Colombia) que había defraudado en 1.080 millones de pesos (240.000 euros aproximadamente) por la destrucción de vehículos y la falsificación de documentos acreditativos para recibir compensaciones económicas por parte del Ministerio de Transporte colombiano. A través de varias empresas en las que trabajaba y recurriendo a terceras personas como intermediarios, presentaba vehículos para su destrucción falsificando documentos en los que se adulteraba la capacidad de carga y así hacer un cambio irregular de servicio particular a privado. Todo ello, para poder cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades colombianas para el reconocimiento económico que brinda el país por la destrucción de coches. Por estos hechos, la mujer podría ser condenada a una pena máxima de 30 años de prisión.

Aunque en un primer momento las pesquisas apuntaban que podría estar oculta llevando una nueva vida en una localidad de Ourense, comprobaron que se había desplazado a una zona rural aislada de la comarca de Ferrol para trabajar como asistente domiciliaria y donde finalmente fue detenida.