La okupación afecta a cerca de un centenar de viviendas, con cinco nuevos casos al mes

alberto mahía A CORUÑA / LA VOZ

A CORUÑA

Los barrios de Os Mallos y de la Sagrada Familia soportan casi la mitad de las usurpaciones, la mayoría por gente conflictiva

26 ago 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

El lastre de la okupación continúa al alza y lo peor es que hay más viviendas usurpadas de las que se tiene constancia. Oficialmente, se producen cinco denuncias al mes en A Coruña por apropiarse de una casa. Pero la cifra es mucho más alta. Porque existen numerosos inmuebles abandonados o en manos de las entidades bancarias que no llevan el asunto a los tribunales. Unos porque los propietarios fallecieron y a los herederos les cuesta más tenerla que no tenerla. Otros, porque son tantas las viviendas que fueron producto de un desahucio o de constructores que las dejaron inacabadas cuando estalló la burbuja inmobiliaria que los okupas pueden disfrutarlas incluso durante años. Un ejemplo son los bloques de Palavea. O el esqueleto que quedó en los números 17-19 de la Sagrada Familia.

Hablar de una cifra real de pisos okupados es «complicado». La policía calcula que en A Coruña «estaríamos cerca del centenar de viviendas». Por su parte, la Federación Galega de Empresarios Inmobiliarios (Fegein) advierte de que hay unas 350 casas en riesgo de que alguien se cuele en ellas durante meses.

«Espero que el legislador legisle», sostiene Benito Iglesias, el presidente de Fegein, que insiste en la necesidad de proteger a los propietarios. «Defiendo que la okupación de una vivienda sea considerada como un delito penado con prisión y que la Policía pueda desalojar la vivienda okupada en menos de 24 horas. También solicito poner en carga todo el suelo destinado a vivienda de protección oficial retenido en manos de las distintas Administraciones públicas. Pediría al sector público que haga un inventario de su suelo destinado a vivienda social disponible, procediéndose a su desbloqueo y que se unifiquen en un marco general las leyes nacional y autonómica, reduciendo la fiscalidad sobre la vivienda, y creando un marco jurídico estable», dice.