Rey rechaza el plan de Feijoo para el puerto de A Coruña y la Xunta le insta a plantear su alternativa

Xosé Vázquez Gago
Xosé Gago A CORUÑA

A CORUÑA

MARCOS MÍGUEZ

La Autoridad Portuaria habla de decepción, el PP denuncia un bloqueo, el BNG celebra que asuma sus tesis y la Marea la invita a manifestarse. Las críticas contrastan con la unanimidad de diciembre

06 may 2021 . Actualizado a las 14:36 h.

«El puerto no está en venta. No podemos aceptar la propuesta de la Xunta de quedarse con el 51 % de los muelles de Batería y Calvo Sotelo. El puerto es de los coruñeses y seguirá siéndolo mientras sea alcaldesa», dijo ayer Inés Rey para mostrar su rechazo a la propuesta de la Xunta para integrar los muelles en la ciudad.

El plan fue presentado por Alberto Núñez Feijoo en la reunión que mantuvo hace un mes con Inés Rey y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Prevé que la Xunta aporte 20,2 millones de euros para adquirir el 51 % de los terrenos del puerto y garantizar así su titularidad pública.

La propuesta del presidente gallego buscaba dar solución al problema de la deuda de Langosteira, que asciende en total a 300 millones. El Gobierno central ha acordado reestructurar el débito, pero también ha subrayado que el puerto debe rentabilizar sus activos -los muelles- para facilitar el pago. El plan de Feijoo plantea que sean las Administraciones las que compren los terrenos, de forma que no sea preciso privatizarlos para lograr fondos.

A finales de marzo, el titular del Ejecutivo gallego insistió: «No tenemos otro objetivo que devolver el puerto a los coruñeses y hacer compatible la actividad portuaria con la ciudadanía», y añadió que «es un proyecto de todos, de los ciudadanos, del Ayuntamiento, del Puerto y de la Xunta», que esperaba que se desarrollase en este mandato con el máximo consenso tras el parón de los años anteriores.

La alcaldesa lo ve de otra forma. Insistió en que la apertura de los muelles no puede empezar «subastando» terrenos, y planteó incluso que la Xunta estaría aprovechando la gravedad de la situación económica del Puerto para comprar los muelles.

Esa acusación causó fuerte malestar en el Gobierno gallego, «parece que nos comparan con una inmobiliaria», llegaron a señalar, y también sorpresa. La Xunta criticó que el gobierno local rechace, «sen negociar nin presentar alternativas», la única propuesta de una Administración que se ofreció a invertir.

Desde el ejecutivo municipal niegan que sea así. La propia alcaldesa invitó a la Xunta a invertir en la ciudad los más de 20,2 millones que plantean para abrir los muelles a la ciudad porque «entendemos que lo que quiere el Gobierno gallego es ayudar a la ciudad, pero ayudar a la ciudad no es comprar un solar».

El Ejecutivo gallego recordó por su parte que esa cantidad está prevista en el marco de un acuerdo entre Administraciones, ya que las obras para integrar los terrenos en la ciudad y soterrar el tráfico en la Avenida do Porto costarán más de 57 millones, y lamentó que el Ayuntamiento «non acepta debater sobre a proposta da Xunta nin tampouco presenta alternativas». En la reunión de ayer de la comisión sobre el puerto, añadieron, se limitaron «a entregar aos participantes un documento cunha “declaración de intencións” que carece de compromisos económicos ou dun cronograma para a recuperación da fachada marítima».

El Gobierno autonómico recordó el papel «decisivo» de Alberto Núñez Feijoo, «que arrincou un compromiso do Ministerio de Transportes» sobre el tren a Langosteira, e instó al ejecutivo local a concretar «cal será a súa achega» para garantizar la titularidad pública y pagar la integración de los muelles en la ciudad. 

La propuesta municipal

Desde María Pita señalaron que su propuesta es redactar un plan director de ordenación y después conformar un ente público que ejecute el proyecto. Por su parte, la regidora insistió en que ahora es el momento de abrir a la ciudadanía los muelles de Calvo Sotelo y Batería y se puso a disposición del Puerto para mejorar la movilidad y que se pueda disfrutar de esos espacios, «e para iso todas as Administracións encontrarán todo o compromiso e apoio do Concello».

Mientras la alcaldesa subrayaba en el salón real que «el puerto no está en venta», en la puerta de María Pita concejales de la Marea y el BNG se concentraban, convocados por Defensa do Común, bajo el lema «non a venda e privatización da fachada marítima». El Bloque celebró que «o goberno local asuma unha posición que o BNG fixou desde o momento en que Feijoo lanzou a súa proposta». Los nacionalistas subrayaron que «a Xunta non pode pretender ser propietaria dun enclave dentro do concello»; pero criticaron a Rey por no exigir la condonación de la deuda.

La Marea también celebró que «por fin, a alcaldesa se opoña á intención de Feijoo de crear un pequeno Vaticano controlado pola Xunta» y reiteraron su invitación a la alcaldesa para que acuda a la manifestación convocada para el día 30 contra la venta de terrenos. Pero la Marea también cargó contra la alcaldesa por «agocharse nos despachos» y que «non abrise a boca ata que a moveron da foto cunha envolvente entre a Xunta e a Autoridade Portuaria».

La Autoridad Portuaria mostró su «decepción» por la posición de la alcaldesa. Recordó que la propuesta de la Xunta detallaba fondos y plazos, «aportando 20 millones de euros para garantizar el uso y titularidad pública de Batería y Calvo Sotelo y su disfrute por los ciudadanos». El Puerto añade que el Ayuntamiento, pese a su rechazo, «no propone una alternativa»; y advierte que con su planteamiento «la transformación de los muelles se demoraría varios años». La Autoridad Portuaria anunció que presentará modificaciones a la propuesta del Ayuntamiento para «concretar en el menor plazo posible el uso y disfrute de la urbanización de Batería y Calvo Sotelo por los coruñeses». Añadió que el futuro de los muelles debe decidirse en un proceso que aborde «la financiación de las obras de urbanización y el equilibrio financiero de la Autoridad Portuaria. Se debe aclarar la aportación de fondos para mantener la titularidad pública de los muelles».

Por su parte, el PP lamentó la actitud de «bloqueo» de Inés Rey que «continúa con su política de reuniones en las que no se avanza nada, como la de hoy o la del 23 de febrero, y se opone a la única propuesta que hay sobre la mesa». Los populares recordaron que «tuvo que ser Feijoo quien consiguiese el tren al puerto exterior tras reunirse con el ministro de Transportes, y es de nuevo Feijoo el único que muestra su compromiso por escrito con el puerto y la ciudad».

La alcaldesa abre la puerta a construir viviendas públicas en San Diego

Inés Rey también marcó la postura de su gobierno en el recurrente debate sobre la posibilidad de construir viviendas en el muelle de San Diego, y no cerró la puerta a que se impulse la construcción de pisos públicos para hacer frente a la gran demanda de vivienda existente en la ciudad.

La regidora recordó que las concesiones en ese muelle no terminan hasta el año 2027, y también apuntó a los convenios del 2004, que están «obsoletos» y preveían «aprovechamientos urbanísticos irreales» en esa dársena. Esos acuerdos, insistió, fueron aprobados en una realidad socioeconómica «muy distinta», por lo que tienen que ser reemplazados. Pero la alcaldesa recordó que hay una «necesidad social real» con 3.100 demandantes de vivienda pública, y subrayó que «allí donde haya un gobierno socialista habrá fines sociales».

Por lo tanto, mostró su apoyo a «que se construya vivienda pública partiendo de la titularidad pública de los terrenos» de ese muelle para dar respuesta a la demanda mediante la promoción de vivienda pública asequible.

La regidora insistió en evitar «debates maniqueos y la demagogia», porque que se construya San Diego no implica «desarrollos desmesurados» o que las viviendas solo vayan a ser para «los más ricos». Rey señaló incluso que hay consenso con otros grupos, y citó un artículo del edil de la Marea Atlántica, Alberto Lema, en el que se mostraba partidario de que el Ayuntamiento impulse la vivienda social en el muelle.

La Marea ve «pouco tranquilizadoras» las palabras de Rey, ya que solo una parte de los pisos serían públicos y sería preciso vender el terreno para levantarlas. El BNG también defendió la vivienda pública, pero no «como coartada» para asumir la no condonación de la deuda portuaria.