Los juzgados por la protesta en la casa Cornide dicen que se trató de un «acto simbólico»
A CORUÑA
«Os Franco poden denunciar as veces que queiran, pero non poderán roubar a dignidade do pobo galego», manifestó la portavoz de los investigados por un delito leve de coacción
03 feb 2021 . Actualizado a las 19:27 h.Un grupo de militantes y miembros del BNG se encaramaron el 26 de septiembre del 2017 al balcón de la casa Cornide para desplegar una pancarta en la que se podía leer: «Que nos devolvan o roubado». Los que allí se subieron reclamaban con aquella acción la restitución al patrimonio público de un edificio que «foi expoliado» en 1962 polos Franco,
Los herederos del dictador pusieron una denuncia contra los activistas que protagonizaron la protesta —Armando Carril, Manuel Méndez, Elvira Branco, Carolina Fernández, André López, Salvador González, Óscar Calvo, Dani Carballada y Bieito Lobeira— y todos ellos fueron investigados como supuestos autores de un delito leve de coacciones. Esta mañana se celebró el juicio en la sala del juzgado de Instrucción número 4 de A Coruña. Desde el banquillo de los acusados, todos ellos reconocieron su presencia en el balcón como «unha acción simbólica». Además, sostienen que «as acusacións feitas carecen de fundamento» y que esperan que la acción «sexa considerada como o que foi: un acto pacífico e de expresión democrática ante unha situación inxusta que ademais sabemos que é compartida por todas as persoas demócratas».
En solidaridad con las nueve personas procesadas fue convocada una concentración frente al antiguo edificio de la Audiencia Provincial a la que asistieron medio centenar de personas en apoyo a los investigados.
En la protesta participaron diferentes miembros de la formación nacionalista como la diputada en el Parlamento gallego Mercedes Queixas o el diputado provincial Xurxo Couto. Los asistentes corearon consignas como «A casa Cornide é do pobo» o «Franquismo nunca máis». A la vez, desplegaron una pancarta con el mismo lema que la que colgaron del balcón del inmueble el 26 de septiembre del 2017.
La portavoz del colectivo de demandados, Elvira Branco, señaló que entran en el juzgado «coa frente alta». Añadió que están dispuestos «a cumprir coas consecuencias do que fixemos» y aseguró que «os Franco poden denunciar as veces que queiran pero non poderán nunca roubar a dignidade do pobo galego».
En cuanto al «acto simbólico» de aquel día, Elvira Branco explicó que pretendían «activar a todas as Administracións que teñen competencia neste tema, a Xunta e o Concello da Coruña». Por su parte, la diputada Mercedes Queixas mostró su apoyo a los compañeros «popularmente coñecidos como os nove da Casa Cornide» y añadió que «estas persoas fixeron un exercicio pacífico e simbólico, que puxo o foco na dignidade. Estamos a ver o mundo do revés. Temos unha familia que está enriquecida con patrimonio que chegou ás súas mans privadas por medios espurios».
El morador de la casa, que se encarga de su mantenimiento, ha considerado que a él le parecía una acción «ilegal» al tratarse de una «propiedad privada» y ha asegurado que la primera vez que la policía les pidió que bajaran «no hicieron caso».
Todos los denunciados, que no han respondido a las preguntas de la acusación particular, han recalcado que «en ningún momento» tuvieron la intención de acceder al interior del inmueble y también han señalado que desconocen quién colocó la escalera por la que subieron y la otra por la cual bajaron. «A Policía pidiunos que baixáramos e, mentras tanto, foron a por a escaleira. Cando a trauxeron, baixamos». Otro de los denunciados, Daniel Carballada, declaró que él no subió al balcón, sino que fue a la concentración celebrada en las inmediaciones en solidaridad de los participantes.
Mientras, uno de los agentes de la Policía Nacional que intervino en la protesta dijo en el juicio que los participantes «no» presentaban una actitud agresiva y recordó que a las 12.30 horas les pidieron que se bajaran, a lo que estos les comunicaron que esperarían «un poco». Entonces, el efectivo habló por teléfono con uno de los nietos del dictador para preguntarle «si podían bajar por dentro del domicilio», a lo que este le respondió que no. Finalmente, según el relato del policía, se fueron a las 13.20 horas con la ayuda de una escalera apoyada en la fachada. En la vista oral, el abogado de la defensa argumentó que el delito de coacciones «exige una denuncia expresa» y ha justificado que la familia Franco «nunca impuso» una demanda por ese delito, pues los acusaban de allanamiento de morada y de un delito de odio, los cuales fueron desestimados.