En ambos casos, la solución pasa por los despachos del Gobierno central y no parece que esté próxima. En los presupuestos del Estado para este año no se incluye una partida suficiente para licitar las obras del enlace ferroviario. Sin ese trámite, o la solicitud de una prórroga, la infraestructura, que tiene proyecto desde el 2018, podría sufrir un grave retraso, ya que en junio caducará el informe de impacto ambiental, que la Administración tardó tres años en elaborar.
El presupuesto tampoco incluye fondos para abordar el problema de la deuda de 300 millones de Langosteira. Sin embargo, sí está previsto un desembolso para pagar los 350 millones de euros pendientes de la remodelación del puerto de Valencia. El Gobierno defiende que la situación es distinta, ya que en Valencia la deuda fue contraída por un consorcio, no por el propio puerto, pero todos los partidos de la oposición coinciden en que se está produciendo un agravio, sobre todo porque Langosteira se proyectó para evitar una catástrofe ecológica tras el naufragio del Prestige, mientras que la deuda de Valencia tenía el fin de celebrar la Copa América de Vela.