Comienza en A Coruña el macrojuicio contra el falso médico Coté después de 12 años de espera

A CORUÑA

Kiko Delgado

El fiscal pide 334 años de prisión por estafa continuada, intrusismo, lesiones, homicidio por imprudencia y falsedad documental en la primera jornada de la causa abierta en la Audiencia, por la que pasarán 129 víctimas hasta marzo del 2021

10 dic 2020 . Actualizado a las 15:06 h.

«No esperamos justicia. No esperamos reparación. Solo estamos satisfechos de una cosa, de que hoy venga aquí desde la cárcel de Teixeiro, esposado y cumpliendo condena». Esther Fontán, presidenta de la Asociación de Afectados de Intrusismo Médico Sanitario, no quiso entrar ayer en la sala de la Sección Primera de la Audiencia de A Coruña donde comenzó el juicio contra José Manuel López Pérez, Coté, el falso médico ferrolano para el que la fiscalía pide 334 años de prisión por estafa continuada, intrusismo, falsedad documental, homicidio por imprudencia y varios delitos de lesiones.

En el banquillo de los acusados se sentó también, por blanqueo de capitales, la mujer de este supuesto osteópata sin más estudios que el bachillerato que hasta su detención en el 2008 regentó dos clínicas en Ferrol y Viveiro en las que cobró «importantes sumas de dinero», entre 20 y 100 euros por consulta y de 500 a 15.000 euros por intervención, a miles de personas de toda la península que logró atraer a su despacho con títulos y certificados profesionales falsos, según el escrito de acusación.

Así amasó, en 15 años, una fortuna de al menos 4,4 millones de euros a base de «falsos tratamientos dirigidos supuestamente a sanar enfermedades reales preexistentes o enfermedades inexistentes que él mismo ideaba y decía diagnosticar», y que consistían, detalla el fiscal, en inyectar o suministrar por otra vía sustancias «cuya toxicidad no ha sido determinada, pero también, en algunos supuestos, en la realización de auténticas operaciones quirúrgicas con el consiguiente quebranto de la integridad física».

Un fallecido por cáncer

De los centenares de víctimas de Coté, ante las que se presentaba como neurocirujano o especialista en extirpar tumores, según conviniera, 129 prestarán declaración en este macrojuicio demorado durante más de 12 años, en parte por la estrategia de la defensa, que «en su justo derecho —señaló Rubén Veiga, letrado de la asociación de víctimas—, ha interrumpido y presentado innumerables escritos para favorecerse» y dilatar el proceso. «Lo que esperamos hoy es lo que llevamos esperando 12 años, que se escuche a estas 129 personas y que se haga justicia», recalcó el abogado. No podrá acudir el hombre al que Coté diagnosticó una inflamación de ganglios cuando padecía cáncer, fallecido «por el gravísimo retraso en el diagnóstico provocado por la conducta negligente del acusado», anota el fiscal, ni «decenas de personas que por miedo, vergüenza o por pasar página se retiraron del camino. En su nombre damos nosotros el paso», apuntó Esther Fontán.

La causa se prolongará hasta marzo del 2021 y después de la vista previa que hoy concluirá en la Audiencia coruñesa está previsto que se reanude el 17 de diciembre, con la declaración de Coté, a la que seguirá el día 18 la de su mujer, que se enfrenta a una petición de tres años de cárcel. En enero acudirán a testificar los trabajadores de las clínicas y el resto de perjudicados, y para febrero y marzo están citados a declarar 85 peritos.

En prisión

Coté, que atendió a menores y recibió hasta 100.000 euros de un enfermo, cumple desde hace menos de dos meses una condena de cuatro años y medio en la prisión de Pereiro de Aguiar por estafa continuada a una veintena de personas e intrusismo profesional durante nueve meses en una clínica de Vinaroz (Castellón), tal y como ha ratificado el Tribunal Supremo.

Su abogado trató este jueves de desmontar el auto de instrucción para pedir la nulidad de las actuaciones. Afirmó ante la jueza que no había indicios objetivos válidos para decir que hubo intrusismo ni para intervenir el teléfono del encausado. Por el contrario, el fiscal, que subió la calificación de la estafa a hiperagravada, con penas de entre 4 y 8 años de cárcel, frente a los 5 años que solicitaba hasta ahora, ha solicitado a la jueza que se amplíe la actividad delictiva a los 10 años anteriores a la detención, en lugar de los cinco que establecía inicialmente en sus conclusiones.