A Coruña

El consejo de administración del Puerto dio ayer visto bueno al acuerdo para la demolición de los silos de Bunge. Se trata de la última instalación industrial pendiente de un acuerdo de ese tipo, por lo que la Autoridad Portuaria ha concluido así el primer paso para la liberación de los muelles de Batería y Calvo Sotelo.

Las instalaciones de Bunge, que pasará a operar desde Langosteira, serán demolidas los próximos meses por la Autoridad Portuaria. En ese tiempo también está previsto que se derriben los silos de Alu Ibérica, las antiguas instalaciones de Cementos del Cantábrico y los depósitos de Oleosilos de Galicia, que también traslada su actividad al puerto exterior. Esa será la última empresa de Batería y Calvo Sotelo en mudarse, se calcula que lo hará alrededor de septiembre del 2021, cuando estén listas sus nuevas instalaciones en la dársena de punta Langosteira.

La otra firma que operaba en la zona, Tudela Veguín, ha movido sus actividades a San Diego, por lo que puede prescindir de sus instalaciones en Calvo Sotelo.

En esos muelles se levantan también tres naves propiedad de la Autoridad Portuaria, que los consignatarios utilizaban mediante autorizaciones de uso como espacio de almacenamiento. Por lo tanto, al ser propiedad del Puerto, será posible retirarlas cuando se cierre el futuro urbanístico de los muelles interiores. 

El problema urbanístico

Esa es ahora la principal duda. Los acuerdos del 2004, que permitieron la construcción del puerto exterior, preveían la urbanización de esos espacios para financiar la obra de Langosteira. Pero la práctica totalidad de los grupos políticos y el pleno han rechazado esa solución. Sin embargo, no han aprobado ninguna alternativa para integrar los muelles en el tejido urbano de la ciudad y pagar la deuda del puerto.

La única opción planteada hasta la fecha fue el protocolo firmado por la Xunta, Fomento, Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria en el 2018, que preveía que la Xunta pagase 20 millones de euros para garantizar la titularidad pública de los muelles. Pero el pacto no se desarrolló tras la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy, y no se han planteado otras opciones, por lo que los acuerdos del 2004 están vigentes.

Aún más complicada puede ser la liberación de San Diego, el muelle más grande, porque la actividad de las empresas tendrá que continuar allí de forma indefinida hasta que se construya el tren al puerto exterior, que permitirá el traslado de las empresas que operan en esa dársena.

Los más de 1.500 metros de atraque de Langosteira estarán operativos en el 2021

El Puerto también aprobó ayer la licitación de las obras para la construcción de una explanada de 23.000 metros cuadrados, que se situará al lado del nuevo muelle que se acaba de construir y del vial de acceso a la zona. Las obras suman un total de 2,5 millones. De esa manera, en el segundo semestre del 2021 estarán operativos los 1.550 metros de línea de atraque continua en punta Langosteira, tal y como habían solicitado los operadores. Además, la superficie de explanadas superará a esas alturas los dos millones de metros cuadrados. 

Otras inversiones

Simultáneamente a esos trámites, señalaron fuentes portuarias, se trabaja en la mejora del canal de acceso, las instalaciones contraincendios, los viales interiores y la mejora del control de entrada de vehículos. Además, por parte del sector privado pronto se iniciarán las obras de ampliación de las instalaciones de TMGA y la terminal de Oleosilos de Galicia. También ha finalizado la ampliación de Hormigones Carral y se ultima la tramitación de la nueva instalación de Galigrain.

Finalmente, Repsol avanza en la construcción del pantalán y el resto de las infraestructuras que necesita para trasladar las descargas de petróleo que en la actualidad se desarrollan en el muelle de San Diego.

El Gobierno deja A Coruña en espera, pero condona la deuda de Valencia

Los presupuestos del Estado dejan en el aire el futuro del enlace ferroviario a Langosteira, con un presupuesto de 10.000 euros, y no abordan el problema de la deuda de la Autoridad Portuaria, que afronta préstamos por 300 millones de euros por la construcción del puerto exterior. Pero al mismo tiempo confirman que el Gobierno central se hará cargo de la deuda del puerto de Valencia, que asciende a 350 millones.

Langosteira fue construido como puerto refugio después de la catástrofe del Prestige, con el fin de evitar nuevos desastres como el de ese buque o, años antes, el del Mar Egeo o el Urquiola. Por contra, la deuda contraída en Valencia deriva de la reforma de su puerto con el objetivo de albergar la Copa América de Vela.

La diferencia de trato ha provocado fuertes críticas de todos los grupos políticos gallegos, que han exigido que el Estado aborde también la deuda de Langosteira. Pero el PSOE ha insistido en que no es posible, ya que la deuda coruñesa fue contraída por la Autoridad Portuaria, que debe autofinanciarse, mientras que la de Valencia es de un consorcio, que no tendría esa obligación.

El argumento no convence a las demás fuerzas políticas, que han recordado que la condonación de la deuda de Valencia era una exigencia de Compromís, una formación política con implantación en esa comunidad cuyo apoyo fue clave para la investidura de Pedro Sánchez. Entre los compromisos para lograr su voto favorable figuraba el de «solucionar la deuda» del Consorcio Valencia 2007 mediante una disposición adicional en los presupuestos, como así está siendo.

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Vía libre al derribo de Bunge, el último para liberar Batería y Calvo Sotelo