El Ayuntamiento suspende por primera vez la tramitación de licencias entre Oza y A Pasaxe para reformar el plan general y facilitar que la zona se transforme sin daños paisajísticos
28 oct 2020 . Actualizado a las 09:01 h.El gobierno local de A Coruña confirmó este martes que aprobará una suspensión de los trámites urbanísticos entre Oza y el puente de A Pasaxe. El objetivo de esa decisión, que no tiene precedentes en mandatos anteriores, es facilitar una modificación del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) en esa zona, con el fin de salvaguardar el paisaje y, en colaboración con Costas, transformarlo para el uso ciudadano.
La decisión del departamento de Urbanismo, que dirige el concejal Juan Díaz Villoslada, afectará a la tramitación de instrumentos de planeamiento, equidistribución, urbanización y licencias.
La suspensión se aplicará en seis de los nueve polígonos de titularidad municipal en el entorno de la ría. Los seis abarcan todo el tramo ya mencionado entre la playa de Oza y A Pasaxe.
La medida no entrará en vigor en los otros tres polígonos del área, situados entre el puente y el término municipal de Culleredo, ya que se encuentran en un «ámbito xeográfico diferenciado e practicamente transformado», y cuentan con una superficie muy reducida, señalaron fuentes municipales. Además, no se considera que tengan incidencia negativa en el paisaje o los valores medioambientales.
As Xubias, fuera de la medida
La suspensión tampoco afectará al núcleo tradicional de Xubias de Abaixo, donde se aplica una normativa específica que garantiza su protección. Sus vecinos podrán, por lo tanto, solicitar licencias e iniciar otros procedimientos urbanísticos como venían haciendo hasta ahora. Otro tanto ocurrirá con las licencias para equipamientos ya existentes.
El llamado API S35 Ría do Burgo ya estaba recogido en el plan general de 1998. Fue modificado en el 2008 e incorporado sin cambios al PGOM vigente, aprobado en el 2013. La suspensión ordenada por Urbanismo tiene el objetivo a corto plazo de facilitar una reforma del plan general que adecúe la ordenación de la zona a las nuevas normativas legales autonómicas y en materia de protección del medio natural.
El objetivo de la modificación será «salvagardar a paisaxe da ría e o borde litoral costeiro». Ese trabajo, añadieron fuentes municipales, se desarrollará en colaboración con la Demarcación de Costas y tendrá en cuenta tanto la presencia de elementos patrimoniales como de grandes equipamientos de titularidad privada y pública, como hospitales, centros educativos o residencias.
La suspensión de licencias tendrá que ser aprobada por el pleno municipal. Es probable que prospere, ya que en los últimos años han salido adelante iniciativas instando a recuperar esa zona.
De hecho, además de la adecuación de la costa en sí, está pendiente la recuperación de las aguas y los fondos marinos, con el dragado de los lodos que debe ejecutar el Gobierno central.
El litoral coruñés de la ría de O Burgo fue durante años una especie de patio trasero de la ciudad. Su situación de relativo abandono ha permitido que se mantengan algunos puntos vírgenes, pero también ha dificultado la consolidación urbana hasta el extremo de que alberga el principal asentamiento chabolista de la ciudad. Su situación contrasta con la del Concello de Culleredo, que cuenta con un paseo dotado de numerosas zonas verdes muy frecuentado por los vecinos. El plan para la zona pasa por prolongar esa ruta y que enlace con la playa de Oza y su entorno, aunque en principio se optaría por un paseo con un menor impacto visual y más integrado en el paisaje actual.
María Pita ve inevitable pagar 1,6 millones al Puerto, que reivindica la obra del Parrote
El Ayuntamiento no recurrirá la sentencia del TSXG que le condena a pagar 1,6 millones al puerto por la obra del Parrote. La única salida jurídica sería un recurso de casación ante el Supremo, que el gobierno local y fuentes jurídicas ven inviable. El gobierno local añadió que abrirá un diálogo con la Autoridad Portuaria, que aún reclama al consistorio 3,2 millones por la obra de la Marina, para reforzar la colaboración.
El Puerto afirmó que la sentencia acredita que «actuó de forma correcta», y destacó la importancia de la nueva Marina, «una de las actuaciones más relevantes en la última década, y una de las mayores intervenciones de regeneración urbana en un casco histórico a nivel estatal, con incidencia añadida en el atractivo para el turismo y los cruceros».
Finalmente, lamentaron que el rechazo del gobierno anterior al pago suponga que el Ayuntamiento deba afrontar costas procesales e intereses de demora.
La Marea, que dirigía el gobierno entonces, reiteró que los 1,6 millones «non estaban recollidos» en el convenio para hacer las obras. Añadió que el gobierno del PP que comprometió el pago actuó «contra o interese xeral» e insistió en que intentaron revertirlo apoyándose en informes técnicos, aunque no fue posible.
