La acusación pide prisión permanente para el acusado de degollar a su mujer en la calle de la Estrella

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial convocó a las 10 de la mañana de este martes a 22 personas para seleccionar a las 11 que finalmente conformaron el jurado popular en el juicio contra Ramón Saiz González, acusado de degollar en el 2018 a su mujer, María Judith Martín Alves, con un cuchillo tipo japonés en el domicilio familiar de la coruñesa calle de la Estrella. En esta primera audiencia del juicio, que se prolongará hasta el viernes, estaba prevista la declaración del acusado, que estuvo en la sala con la preceptiva mascarilla y ataviado con una sudadera de capucha negra bajo una chaqueta de cuadros roja. El lento proceso de selección del jurado (finalizó sobre las 13.20 horas) y las largas alegaciones e informes previos de las partes llevaron a posponer hasta mañana, miércoles, la declaración del acusado, que permanece en prisión preventiva. 

La fiscala Rosa Serrano fue la primera en exponer sus argumentos, pidiendo 25 años de prisión y 30.000 euros de indemnización para cada uno de los tres hijos que tenía la víctima, por un asesinato con alevosía y con los agravantes de parentesco y de género. La acusación particular, que lleva el letrado Jesús Vila Lozano, pide que sea condenado a la pena de prisión permanente revisable con la circunstancia agravante de ensañamiento a víctima especialmente vulnerable. «El jurado debe saber que no se trata de una cadena perpetua, pero que sí permite el cumplimiento íntegro de al menos 8 años de condena antes de acceder a beneficios penitenciarios». Indicó antes de entrar al juicio que el presunto asesino hace creer a su mujer que tiene un cáncer terminal de huesos, «que él también somatiza». Y prepara con antelación el escenario para un suicidio colectivo por amor, aunque lo único que hizo, según el letrado de la acusación particular, es degollar a su mujer «sin piedad» después de que esta tomara unas pastillas sedantes. Explicó que el acusado organizó una coartada salpicada con tintes heroicos y de bonhomía, pero la realidad es que Ramón Saiz es un «asesino confeso» y su acto responde al «te mato porque no quiero soportarte».

La acción popular ejercida por el letrado de la Xunta Carlos Abuín, se suma a la acusación particular y subsidiariamente a la de la Fiscalía solicitando una pena 20 años de prisión. Recordó que Ramón Saiz asumió un plan para ejecutar a su mujer diciendo ya a algunos conocidos en días anteriores al de los hechos que su mujer ya había fallecido, y para realizar ese plan se negó a ingresar a Judith en el hospital de Oza a pesar del intento de suicidio y su grave depresión.

Según relató la Fiscalía, el hecho de que Judith se quedara sin trabajo hizo que «donde antes había respeto y amor» se convirtiera en una relación insostenible. Ella, con 58 años, cayó en depresión y entró en un deterioro físico (adelgazó 15 kilos) y mental que le llevó a creer también que tenía un cáncer terminal. La carga se hizo tan grande para el acusado que le llevó a matar a su pareja. Relató que el 18 de julio del 2018, Ramón cubrió el colchón de la habitación con plásticos y toallas y, cuando ella estaba sedada por su medicación, le seccionó el cuello. «Y esta forma de asesinar es incompatible con un acto de piedad o de amor». «Después se marchó a relajarse por María Pita, dos horas más tarde llamó a su hermana y cuando llegaron los servicios sanitarios Judith ya había fallecido», indicó la fiscal. 

El abogado de la defensa, Ramón Sierra, insistió en el argumento de que se trata de un suicidio asistido, con consentimiento, petición y dominio de la mujer, y pidió que se juzgue al hombre «por lo que hizo, y no por lo que dicen que hizo. No es lo mismo hablar de un supuesto de asesinato que de un supuesto de asistencia a una persona que quiere morir». Por ello cree que su cliente estará de 6 a 10 años de cárcel «por tratarse de un auxilio al suicidio». Confirmó que la víctima tenía síntomas depresivos y que casi una semana antes del supuesto crimen ella había intentado suicidarse, por lo que estuvo ingresada en la unidad de psiquiatría del Hospital de Oza. En cambio, negó que su defendido hubiera dicho a sus allegados que su mujer tenía un cáncer terminal antes del supuesto asesinato. 

«Vamos a pedir que sea condenado por lo que ha hecho, no por lo que dice la acusación de lo que ha hecho», indicó. Matizó que su cliente no es un asesino confeso, sino que en sus primeras declaraciones lo que dijo fue que «ayudó a morir» a otra persona. «Las acusaciones no tienen el móvil del supuesto asesinato. El fiscal dijo que era una gran carga, hastío, hartazgo, y que en 6 días urdió un plan tras el intento de suicidio de Judith. La acusación particular hace referencia a cuestiones económicas, pero quien ayudaba a la familia era la madre de Ramón, que les ingresaba dinero para ayudarlos». También indicó que la modificación de un plan de pensiones no es justificación para matar a alguien ya que solo eran 4.000 euros», indicó Sierra. Explicó que las acusaciones hacen referencia a supuestas infidelidades de Ramón Saiz a su esposa, a su carácter violento, a su inestabilidad emocional, o a su carencia de empatía... «pero el hecho es que si la quisiera matar no es de sentido común que elabore un plan anunciando que ha muerto y después llame a la policía. Si yo quiero matar a alguien, lo lógico es que no quiera que me descubran». Avanzó que el día 11 de julio del 2018 cuando Judith tenía 9 cortes en los brazos por el intento de suicidio, fue él quien llamó al 061. «Hubiera sido más fácil dejarla morir y cobrar tranquilamente el plan de pensiones de los 4.000 euros», argumentó Sierra. El abogado de la defensa aseguró que Judith ya se había intentado suicidar en dos ocasiones anteriores y que, en todo caso, el día de su muerte había ingerido las dosis terapéuticas que tenía pautadas, por lo que no estaba sedada como argumentan las acusaciones. La hipótesis que mantiene Sierra es que quizás fue ella también la que decidió decir a la familia de Bilbao, no a sus hijos, que tenía un cáncer terminal «para que la dejasen en paz», dada la grave depresión que padecía. Indicó también que Judith dejó el trabajo después de tres años en el mismo restaurante coruñés y que no la echaron: «Ella se fue porque no quería seguir viviendo y, además, el acusado dejó de trabajar cuatro meses para ayudar a su mujer», indicó. El letrado, en sus alegaciones previas, aseguró que Ramón debe pagar por un «crimen lamentable, execrable. Es verdad que Ramón mató a Judith, pero no con las intenciones y formas que dicen las acusaciones». En este sentido, dijo que la mujer murió instantáneamente y que su cliente, tras irse de casa, volvió para llamar y confesar los hechos. «Estaba enamorado de su esposa, la quería», concluyó su argumento. 

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