La Xunta duda de que el Estado tenga el crédito y el Gobierno central dice «sí o sí» a la financiación del proyecto
02 oct 2020 . Actualizado a las 10:07 h.El proyecto para el dragado de la ría de O Burgo comenzó a gestarse en el año 1991. Es decir, hace casi 30 años. Tiempo suficiente para que los lodos tóxicos se acumulen sin pausa y para que la actividad marisquera se encuentre al límite (en el 2007 había 139 mariscadores y a día de hoy a penas sobrepasa el medio centenar). El último avance para que la utopía se haga realidad ocurrió el pasado 22 de septiembre, cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) anunció el proyecto de regeneración del estuario.
¿En qué situación se encuentra el proyecto?
El BOE resume las principales modificaciones del proyecto inicial, ajustándose a la Declaración de Impacto Ambiental y dando respuesta a la mayoría de las alegaciones presentadas en el año 2016, en las que participaron Administraciones como el Instituto Español de Oceanografía, el Instituto de Estudios do Territorio, la Mesa de Seguimiento de Medio Natural, la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil o el Ministerio de Defensa. Después de la fase de información pública se sumaron otras alegaciones que, a pesar de estar fuera de plazo, se tuvieron en cuenta, dando por finalizado el trámite a finales del 2017. La situación actual es que la resolución publicada en el BOE pone fin a la vía administrativa, aunque todavía hay plazo para interponer recurso de reposición ante el Ministerio para la Transición Ecológica o recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente.
¿Cómo se financiarán las obras?
Tras las últimas modificaciones, el presupuesto del dragado de la ría de O Burgo aumentó de 46 a 48,6 millones de euros, con un plazo de ejecución de 26 meses. Parte de ese dinero aparece consignado en los Presupuestos Generales del Estado desde el año 2018 que, a día de hoy, siguen prorrogados. Concretamente, la partida correspondiente a los fondos estatales es de 24 millones de euros. Ante las desavenencias sobre qué Administración debería asumir el resto de la inversión, hace un año y medio la Xunta propuso al Gobierno de Madrid reasignar parte de los casi 50 millones de los fondos europeos que no se pudieron destinar para la depuradora de Santiago. La idea cuajó. Pero la Xunta reclama ahora al Estado que certifique la disponibilidad de crédito, ante sus dudas sobre la financiación.
¿Cuál es el plazo máximo para su ejecución?
La ejecución del dragado está condicionado por dos parámetros temporales. El primero es la Declaración de Impacto Ambiental, ya que el documento tiene una vigencia de cinco años. Fue publicada en el 2017, por lo que prescribiría en el 2022. El segundo es el plazo para emplear los fondos europeos que no se pudieron usar para la depuradora de Santiago. El plazo máximo es el año 2023.
¿Cuándo se licitará?
El delegado del Gobierno, Javier Losada, confirmó que, tras el visto bueno definitivo al proyecto hace una semana y la publicación en el DOG de una orden de la Consellería do Mar comprometiéndose a paralizar la actividad extractiva durante los trabajos, la licitación de las obras se realizará a lo largo de este mandato, aunque no hay fecha concreta. «Sí o sí a esta inversión», dijo Losada. Sin embargo, los responsables de la Xunta desconfían de los anuncios estatales y piden que, tras los cruces de declaraciones y el cumplimiento de continuas exigencias, el Estado saque por fin las obras a licitación y también que el Gobierno de Madrid certifique la existencia de los fondos económicos.
¿Qué pasará con los mariscadores?
El proyecto de dragado recoge en uno de sus apartados que, en una fase previa, los mariscadores se ocuparán de recoger los bivalvos existentes en los bancos afectados por los trabajos de dragado y reubicarlos en otras zonas donde no trabajen las máquinas. El importe de esos trabajos es de 800.000 euros. Sin embargo, en el proyecto nada se dice de las indemnizaciones que deberían cobrar los mariscadores por los meses de inactividad. ¿Qué Administración asumirá ese gasto? Ese es otro punto sin acuerdo. Por un lado, la Xunta concede los permisos de explotación, pero el Estado es el promotor de la obra y quien, en teoría, debe asumir el coste de las afecciones. Mientras, los bancos marisqueros languidecen en lodos con mercurio, cadmio, cobre, plomo y zinc.