Tras unos meses de acusaciones cruzadas entre los representantes de las administraciones estatal y autonómica, Rosa Quintana recordó que el Gobierno central tiene consignado en los presupuestos, prorrogados desde el año 2019, 24 millones de euros de fondos propios para abordar el dragado, que costaría unos 48 millones de euros en total. A ese dinero habría que sumar una parte de los 50 millones de euros de los fondos europeos del fallido proyecto de la depuradora de Santiago, que se reasignaron para otras obras, entre ellas la regeneración de la ría de O Burgo.
Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, aseguró que la Xunta se dio cuenta «de que lo que pedía el Gobierno de España era necesario y preceptivo» desde el punto de vista jurídico. En este sentido, indicó que era necesaria esta acción de la Xunta, «pues el Estatuto de Autonomía de Galicia establece que tiene competencias exclusivas en la zona en la que, además, tiene concesiones. La Abogacía del Estado expuso esta situación en un encuentro celebrado hace 14 días», dijo. «Sí o sí, esta inversión que va a realizar el Gobierno de España será una realidad», añadió.
