Galicia lidera en lo que va de año el incremento de okupaciones ilegales en el conjunto del Estado

La provincia de A Coruña suma 44 denuncias de las 77 que se registraron hasta el pasado mes de agosto en la comunidad


A Coruña

En la mañana de este viernes la diputada del PP en el Congreso, Tristana Moralejo, el senador Miguel Lorenzo y el portavoz del grupo municipal del PP en A Coruña, Roberto Rodríguez, visitaron Palavea, uno de los barrios calientes de la ciudad por el problema de la okupación ilegal de viviendas.

Y lo hicieron para hablar de este problema, de las ocupaciones ilegales ,«uno de los que más preocupa a la ciudadanía a nivel nacional», coincidieron en señalar los tres políticos populares.

Roberto Rodríguez afirmó que Galicia es la comunidad que lidera, hasta el mes de agosto, el incremento de casos de ocupaciones ilegales respecto al año 2019 a nivel nacional. El concejal del PP en A Coruña aseguró que los casos crecieron «más de un 34 %».

También dijo que la provincia de A Coruña suma 44 denuncias de las 77 que se interpusieron en Galicia, «y la ciudad es líder en este aspecto».

Manifestó que aunque hoy se escenifica el problema de los okupas en Palavea, «podríamos estar en la ronda de Nelle, Agra del Orzán, Peruleiro, A Zapateira o en Os Mallos, donde recientemente hubo una agresión derivado de una ocupación ilegal»”, subrayó el portavoz del PP en María Pita.

Por ello, Rodríguez anunció que su grupo municipal llevará al pleno el próximo jueves una moción con la que se solicitará que el Concello se comprometa con la defensa del derecho a la propiedad privada y en contra de estas ocupaciones ilegales. Y recordó que ello no menoscabe y no sea incompatible «con la protección de aquellas personas vulnerables, en situación de emergencia social o riesgo de exclusión», matizó el concejal popular.

Y el segundo punto de esa moción es solicitar el apoyo de toda la corporación para que se inste al Gobierno de España a que ejerza sus competencias y adopte las medidas necesarias «a través de la legislación para combatir este problema».

Roberto Rodríguez cree que se debe de actuar de manera inminente porque las ocupaciones ilegales trascienden más allá de un problema de usurpación de una propiedad privada o de convivencia, «ya se convirtieron en un problema de seguridad, porque en algunos casos ya existe miedo a salir de casa e, incluso, tener que abandonar el barrio en el que vives», aseguró.

El portavoz del PP en María Pita apuesta por una mayor presencia policial, «por recuperar la figura del policía de barrio», y por poner en marcha el plan para garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana, «un compromiso adquirido por la alcaldesa, Inés Rey, para que entrase en funcionamiento en el primer semestre de su mandato, pero que incumplió», recalcó 

También pide al delegado del Gobierno, Javier Losada «que deje de mirar para otro lado, una actitud bastante sospechosa», y que exija que se cubran las vacantes de la Policía Nacional, «ya que A Coruña es una de las ciudades “con los ratios más bajos de agentes de España».

Por su parte, la diputada Tristana Moralejo manifestó que desde la llegada de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias al Gobierno de España «las ocupaciones ilegales crecieron exponencialmente». Aseguró que la inacción del Gobierno en este problema y la defensa de Pablo Iglesias «de que la ocupación es una de las formas de acceso a la vivienda, está causando un efecto llamada e incrementa el problema».

Moralejo anunció que el PP puso en marcha una campaña de recogida de firmas en sus sedes y en una plataforma digital para realizar cambios en la Ley Orgánica existente.

Intentan conseguir que en un plazo de 12 a 48 horas después de una denuncia por ocupar una vivienda «las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puedan desalojar la casa».

El PP pretende recuperar las penas de 1 a 3 años para los okupas, «y que se le impida empadronarse en los ayuntamientos». Los populares desean que las comunidades de propietarios puedan actuar para solicitar los desalojos y acudir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, «y lo mismo para las personas jurídicas», subrayó la diputada del PP.

El senador popular, Miguel Lorenzo, manifestó que el problema de las ocupaciones ilegales tiene casuísticas «muy tristes». Recordó que hubo personas que tras el confinamiento llegaron a sus casas «y estaban ocupadas». Y afirmó que existen mafias que vulneran propiedades privadas «para después alquilar y abusar de personas vulnerables». Y también se refirió a la indefensión de los propietarios, «que incluso tienen que pagar todos los gastos de sus propiedades derivados del uso que hacen de ellas los ilegales».

Lorenzo recordó que el derecho a la propiedad y la invulnerabilidad del domicilio «están recogidos en la Constitución». Que sí hay que solucionar los problemas de las personas vulnerables, pero no a costa de la propiedad privada, «para eso está la sociedad, las Administraciones y nosotros, los políticos», subrayó

Ante esta situación, Miguel Lorenzo solicitó el apoyo a la ciudadanía, sus firmas, para acabar con la inacción «del gobierno socialista y populista».

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